Caso Trump: abogados del presidente buscan borrar su condena penal por soborno en Estados Unidos
La defensa de Donald Trump apeló su condena por soborno. La estrategia se centra en trasladar el caso a un tribunal federal y argumentar inmunidad presidencial.
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Una audiencia de apelación crucial tuvo lugar en un tribunal federal de Manhattan, marcando el más reciente esfuerzo del equipo legal del presidente Donald Trump para anular su condena penal en el caso del "soborno". La defensa sostiene que el proceso debería haberse trasladado a un tribunal federal, buscando así invocar el argumento de la inmunidad presidencial para desestimar el veredicto. Por su parte, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, encargada de la acusación, insiste en que el caso se enmarca dentro de la jurisdicción estatal.
Este litigio, que se prolongó por más de una hora, se centró en la interpretación de una ley que permite a funcionarios federales, que afrontan cargos, mover sus casos de tribunales estatales a federales si la conducta involucra sus funciones en el cargo. Los abogados de Donald Trump sostienen que la ley aplica porque la evidencia presentada durante el juicio correspondía a su primer mandato, a pesar de que el suceso original ocurrió en 2016, cuando él era candidato.
Caso Donald Trump: la controversial búsqueda de un tribunal federal
El equipo legal de Donald Trump ha pugnado constantemente por mover el caso desde el sistema judicial del estado de Nueva York a una instancia federal. Este movimiento estratégico busca la anulación del veredicto bajo el amparo de la inmunidad presidencial. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, sin embargo, reafirma la competencia estatal en este asunto. La discusión central se basa en la Ley de Remoción de Funcionarios Federales, una norma del siglo XIX que permite a los funcionarios acusados en tribunales estatales transferir sus casos a tribunales federales si el comportamiento se relaciona con sus funciones oficiales.
Jeffrey Wall, abogado de Donald Trump y litigante de la Corte Suprema, argumentó que "todo en esto clama por una sala de un tribunal federal", refiriéndose a la relevancia de testimonios de exfuncionarios durante el primer mandato de Trump. En una decisión poco común, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un informe amicus curiae en apoyo de la solicitud del presidente, añadiendo una capa de complejidad a este ya intrincado panorama legal.
Un veredicto histórico y sus implicaciones para Donald Trump
La condena de Donald Trump se produjo en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York el año pasado. Fue hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Este pago, realizado antes de las elecciones de 2016, buscaba silenciarla sobre un supuesto encuentro sexual. Aunque el expresidente enfrentó varios casos civiles y penales antes de las elecciones del año pasado, este fue el único criminal que llegó a juicio, consolidando su estatus como el primer presidente de Estados Unidos en ser un delincuente convicto.
La sentencia, dictada diez días antes de su toma de posesión para su segundo mandato, resultó en una descarga incondicional. Esto significa que no afrontará multas, prisión u otras penalizaciones, pero la condena permanecerá en su historial. El juez del caso explicó en su momento que esta fue la única sentencia legal que no afectaría el cargo presidencial. Trump, a través de video en su sentencia en enero, insistió en su inocencia y prometió apelar la condena.
La inmunidad presidencial en el epicentro del debate en Estados Unidos
El argumento principal de Donald Trump en esta apelación se fundamenta en la Ley de Remoción de Funcionarios Federales. Expertos legales opinan que esta interpretación tan amplia de la ley tiene pocas posibilidades de éxito. Jed Shugerman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, describe la acción como un intento del equipo legal de Trump de agotar todas las opciones para anular la condena. Stephen Vladeck, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown, alerta sobre las implicaciones de esta estrategia si prospera, ya que podría ampliar desmedidamente el alcance de los casos que pueden trasladarse de tribunales estatales a federales, menoscabando el papel de los tribunales estatales.
Los abogados del presidente habían intentado trasladar el caso al tribunal federal en dos ocasiones previas, pero un juez de distrito denegó ambas solicitudes, argumentando que el delito central ocurrió antes de que Trump fuera un funcionario federal, y por lo tanto, la ley no se aplicaba. Este caso, al ser tan inusual, ha puesto de manifiesto la ambigüedad en los límites de la inmunidad presidencial, un tema de debate central en el sistema judicial de Estados Unidos. La decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se conocerá en una fecha posterior.
