La megainversión que tendrá un importante aeropuerto en Europa: construirán un terminal satélite y podrá recibir a 70 millones de pasajeros

La megainversión en un aeropuerto de España será una novedad en Europa tras recibir 3,200 millones de euros de inversión para su construcción. Se trata del Barcelona-El Prat, un proyecto que modernizará sus instalaciones con un terminal satélite, la expansión de la tercera pista de aterrizaje para poder recibir a 70 millones de pasajeros.

El ministro de Transporte de España, José Antonio Santano, indicó que la construcción en el aeropuerto Barcelona-El Prat es una "necesidad" en España. A pesar de los daños ambientales que puedan ocasionar las obras en Barcelona, el político mantiene que las remodelaciones deben ser una prioridad: “No me causa ningún problema admitirlo”.

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¿Qué megainversion tendrá el aeropuerto Barcelona-El Prat en Europa?

El Gobierno de España ha anunciado una inversión de más de 3,200 millones de euros en la ampliación y modernización del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, que priorizará la infraestructura catalana por encima del aeropuerto de Madrid-Barajas, a pesar del mayor volumen de vuelos internacionales que registra este último. El plan contempla en el aeropuerto de Barcelona tiene los siguientes cambios:

• Alargar la tercera pista unos 500 metros.
• Construir una terminal satélite conectada a la T1 vía tren subterráneo.
• Reformar las terminales T1 y T2

El objetivo: elevar la capacidad a 70 millones de pasajeros y consolidar El Prat como un hub intercontinental, equilibrando el sistema aeroportuario nacional.

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¿Qué polémicas hay en torno a la remodelación del aeropuerto Barcelona–El Prat?

El plan de El Prat también genera críticas en la población por generar problemas ambientales en España. De acuerdo a los opositores del proyecto, la remodelación generaría graves alteraciones ecológicas.

• Afecta dos zonas protegidas por la Red Natura 2000: humedales y lagunas.
• Las obras elevan el debate sobre impacto ecológico y compensación

La Comisión Europea exige primero cumplir compensaciones pendientes de 2004 antes de autorizar nuevas obras. Aena y la Generalitat defienden el proyecto, mientras que gobiernos locales, ecologistas y partidos vinculados a transportes sostienen que no se han garantizado mitigaciones suficientes.