
Los gobiernos de Donald Trump suelen asociarse a las deportaciones masivas en Estados Unidos. No obstante, un análisis cuidadoso de los datos históricos arroja conclusiones diferentes.
Ni Trump ni Joe Biden lideran la lista de presidentes con más expulsiones de inmigrantes. Ese lugar corresponde a un mandatario demócrata que, sin gran exposición mediática, ordenó casi tres millones de deportaciones durante dos mandatos.
Entre 2017 y 2021, al inicio del primer periodo como presidente, Donald Trump deportó a 1,19 millones de inmigrantes. Foto: composición LR
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Entre 2009 y 2017, durante dos mandatos como presidente, Barack Obama ordenó cerca de 3.06 millones de deportaciones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este número supera ampliamente las cifras registradas durante los gobiernos de George W. Bush, Donald Trump y Joe Biden.
Durante el primer año, se registraron 297,207 deportaciones, cifra que aumentó a 419,384 en 2012. Una proporción significativa de estas expulsiones correspondió a inmigrantes sin antecedentes penales; de hecho, en 2014, el 47 % de los deportados carecía de historial criminal.
Entre 2017 y 2021, al inicio del primer periodo como presidente, Donald Trump deportó a 1,19 millones de inmigrantes. Esta cifra quedó muy por debajo de la registrada por Barack Obama.
En 2024, Joe Biden sorprendió al alcanzar el número más alto de deportaciones en un solo año en la última década: 271.484 personas fueron expulsadas de Estados Unidos.
La cifra incluso superó el récord anual de deportaciones registrado durante la administración Trump, que en 2019 alcanzó las 267.260. Este incremento se atribuye a una colaboración más estrecha con los países de origen y a la implementación de medidas que aceleraron los procedimientos de expulsión.
Barack Obama promovió un sistema de deportaciones más estructurado que el de administraciones anteriores, con consecuencias legales más severas para las personas expulsadas. En lugar de priorizar salidas voluntarias, se aplicaron procedimientos que dejaban registros permanentes en los historiales migratorios y dificultaban futuros intentos de reingreso.
También promovió iniciativas como el programa Secure Communities, que facilitó la cooperación directa entre las autoridades locales y el ICE. En 2014, intentó reducir las deportaciones a través de una acción ejecutiva que contemplaba los programas DAPA y la ampliación de DACA; sin embargo, ambos fueron finalmente bloqueados por los tribunales.

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