
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata de las deportaciones de ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer a pandillas, medida impulsada por la administración Trump bajo una ley poco usada que data del siglo XVIII, relacionada con tiempos de guerra. Esta decisión responde a una apelación de emergencia presentada por una organización de derechos civiles, que denunció la detención y posible expulsión de varios venezolanos recluidos en un centro migratorio en el norte de Texas.
La medida del máximo tribunal coincidió con un fallo paralelo emitido por una corte federal de apelaciones, que bloqueó temporalmente la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 migrantes venezolanos. De haberse concretado, esa acción habría dejado a miles de personas en situación irregular y al borde de la deportación.
Ambos fallos representan un revés significativo para la política migratoria de Donald Trump, centrada en endurecer las restricciones contra migrantes procedentes de países en crisis. "Se ordena al gobierno no deportar a ningún miembro de esta clase de detenidos a los Estados Unidos hasta nueva orden de este tribunal", ordena la orden judicial del Tribunal Supremo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció que un grupo de venezolanos recluidos en un centro de detención en Texas fue informado de su expulsión inmediata bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde el siglo XVIII. En su apelación de emergencia, presentada el viernes por la noche, la organización advirtió que el proceso se estaba llevando a cabo sin las debidas garantías legales, en un contexto de creciente presión migratoria promovida por la administración Trump.
Donald Trump intentó justificar la expulsión de venezolanos detenidos en Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco utilizada que data de 1798. Esta ley fue promulgada en un contexto de guerra y permite al gobierno detener y deportar a ciudadanos de países considerados hostiles en tiempos de conflicto declarado.
Según los abogados defensores, varios venezolanos ya deportados no tenían vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y no registraban antecedentes penales. Indicaron que muchos fueron señalados únicamente por portar tatuajes, sin pruebas concretas de participación delictiva. Esta política responde al discurso del presidente Trump, quien acusó públicamente a Venezuela de facilitar una supuesta “invasión” de pandilleros hacia Estados Unidos, como parte de su retórica migratoria durante la campaña.

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