Donald Trump amenaza el acceso al voto en California: orden ejecutiva exige prueba de ciudadanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que podría modificar el proceso de registro y emisión del voto. La medida establece, entre otras cosas, la obligación de presentar una prueba documental de ciudadanía para inscribirse en el padrón electoral, además de restringir el conteo de boletas por correo únicamente a las recibidas antes del cierre de los comicios.

La normativa ha sido cuestionada por funcionarios estatales, organizaciones civiles y expertos constitucionalistas, quienes consideran que este nuevo marco atenta contra el acceso al voto de millones de ciudadanos, en especial dentro de comunidades inmigrantes en California.

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Un giro legal que tensiona el sistema electoral en California

La nueva orden ejecutiva impulsada por Donald Trump introduce cambios sin precedentes en el sistema electoral de Estados Unidos. La exigencia de una prueba de ciudadanía para inscribirse como votante federal marca un quiebre con las políticas previas de California, donde bastaba una identificación oficial. A partir de ahora, solo se aceptarán documentos como pasaportes estadounidenses, tarjetas militares o certificados de nacimiento emitidos por autoridades estatales.

Las autoridades locales advierten que la medida podría excluir del proceso electoral a ciudadanos elegibles que no poseen acceso inmediato a estos documentos. Grupos defensores de derechos civiles consideran que esta exigencia representa un obstáculo innecesario que limita el derecho al voto, sobre todo entre adultos mayores, personas sin hogar y comunidades de bajos ingresos.

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El voto por correo anulado por orden ejecutiva de Trump

Otro de los aspectos más polémicos de la orden ejecutiva es la nueva restricción al voto por correo. Según la disposición firmada por Trump, solo se contarán las boletas que lleguen antes o durante el día de la elección. Esta medida contrasta directamente con la práctica vigente en California, donde se permite recibir votos postales hasta siete días después del cierre de las urnas, siempre que estén sellados en la fecha de la votación.

La reducción del plazo de recepción de boletas impactaría directamente en millones de electores que dependen del voto por correo, como personas mayores, trabajadores de turnos largos y habitantes de zonas rurales. Además, el anuncio de que podrían retenerse fondos federales a los estados que no implementen estos cambios ha sido interpretado como una amenaza directa a la autonomía de las entidades locales para administrar sus elecciones.

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Resistencia política y posibles batallas judiciales

Alex Padilla, senador por California y exsecretario de Estado, cuestionó la legalidad de la medida y aseguró que el presidente no tiene la autoridad para imponer unilateralmente estas reformas sin aprobación del Congreso. A su juicio, estas disposiciones no contribuyen a mejorar la seguridad del sistema electoral, sino que socavan la confianza ciudadana.

Por su parte, Jena Griswold, secretaria de Estado de Colorado, calificó la medida como "ilegal" y advirtió que podría impedir que votantes elegibles ejerzan su derecho constitucional.