
Las políticas migratorias en Estados Unidos han tomado un giro drástico con la decisión de Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite al presidente deportar a extranjeros en tiempos de guerra o ante una supuesta invasión.
Esta medida ya se aplicó contra 280 presuntos integrantes de la pandilla Tren de Aragua, quienes fueron enviados a El Salvador a pesar de la oposición de un juez federal.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado gran preocupación, ya que podría facilitar deportaciones masivas sin la necesidad de pruebas individuales sobre amenazas a la seguridad nacional. Además, la normativa no distingue entre inmigrantes con estatus legal y extranjeros sin documentos.
La Ley de Enemigos Extranjeros no diferencia entre personas con estatus legal e inmigrantes indocumentados. Foto: composición LR
La Ley de Enemigos Extranjeros otorga amplios poderes al presidente para detener y deportar inmigrantes en caso de guerra declarada o de una invasión. Hasta la fecha, solo se había utilizado en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El presidente Donald Trump ha respaldado la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros al afirmar que Estados Unidos enfrenta una "invasión migratoria" y que organizaciones como el Tren de Aragua representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, expertos señalan que esta normativa jamás se ha empleado en un contexto migratorio y que su uso podría facilitar deportaciones sin garantías legales.
Uno de los primeros casos en los que Trump aplicó esta norma fue la deportación de 280 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes fueron enviados a El Salvador, pese a un fallo judicial que prohibía su expulsión inmediata. Ante esta situación, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward han presentado demandas para detener esta medida.
La Ley de Enemigos Extranjeros no diferencia entre personas con estatus legal e inmigrantes indocumentados. Bajo esta normativa, el presidente Donald Trump podría ordenar la detención y deportación de cualquier extranjero sin oportunidad de demostrar su lealtad al país ni impugnar la decisión.
Además, la Casa Blanca ha designado al Tren de Aragua como una organización terrorista, lo que permite la expulsión inmediata de cualquier individuo asociado con la pandilla, sin necesidad de un juicio. No obstante, el juez James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito de Columbia, dictaminó que la administración de Donald Trump no puede llevar a cabo deportaciones masivas bajo esta legislación sin evaluar cada caso de forma individual.

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