
La mutilación genital femenina (MGF) es aún una de las violaciones a los derechos humanos más graves registradas, con consecuencias devastadoras para las mujeres y niñas afectadas en todo el mundo. Según un reciente informe publicado por el End FGM European Network y Equality Now, más de 230 millones de personas han sido sometidas a esta práctica desde 2020, lo cual supera cifras previas.
Uno de los puntos que más preocupación ha causado con respeto al estudio es que la MGF está presente en 94 países y se ha expandido más allá de las regiones tradicionalmente asociadas con ella. Aunque se sigue identificando casos principalmente en países africanos, la evidencia apunta a su existencia creciente en comunidades de Asia, América Latina y el Medio Oriente, donde la práctica estaba previamente subestimada.
Un informe actualizado de UNICEF estima que más de 230 millones de mujeres y niñas en 31 países han sido afectadas por la mutilación genital femenina, una cifra que ha crecido en los últimos años debido a la recopilación de nuevos datos. El aumento del 15% en la cifra global refleja la expansión de la MGF en lugares como Colombia, Filipinas, Azerbaiyán y Arabia Saudita. Además, existe una creciente preocupación por las comunidades indígenas en países como México y Panamá, donde los datos siguen siendo insuficientes, pero el riesgo es evidente.
La publicación también resalta la falta de datos detallados como una de las principales barreras para la acción. Sin información precisa sobre la prevalencia de la MGF, muchos gobiernos siguen sin reconocer su magnitud y, por ende, no implementan políticas públicas efectivas. Según Tania Hosseinian, del End FGM European Network, "sin datos fiables, no podemos desarrollar políticas efectivas para abordar este flagelo".
Un aspecto alarmante que surge del informe es la creciente medicalización de la mutilación genital femenina. En países como Egipto, Indonesia y Kenia, la MGF es realizada por profesionales de la salud, lo que da a la práctica una falsa apariencia de legitimidad. UNICEF ha señalado que el 66% de las niñas sometidas a la MGF recientemente lo han sido a manos de trabajadores de la salud, lo que agrava aún más el problema.
Además de la medicalización, la resistencia legal sigue siendo un obstáculo significativo. A pesar de que 58 países han promulgado leyes contra la MGF, aún queda mucho por hacer. En 2024, algunos países como Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos han recibido recomendaciones de organismos internacionales para reforzar sus legislaciones, mientras que en naciones como Kenia y Gambia, los esfuerzos legales se ven amenazados por intentos de derogar leyes existentes.





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