Desde 2011, Ecuador ha mantenido una prohibición total sobre los casinos y las apuestas, una decisión que ha generado un debate constante en la sociedad. A pesar de que este sector podría generar entre 200 y 500 millones de dólares anuales, el gobierno ecuatoriano optó por cerrar estos establecimientos en un intento por proteger a la población de los riesgos asociados al juego.
La prohibición, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, se formalizó a través de un referéndum en el que el 52% de los votantes se pronunció a favor de erradicar los juegos de azar. Esta medida no solo cerró las puertas de 132 casinos, sino que también dejó a más de 3.200 personas sin empleo, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su impacto social y económico.
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La prohibición de los casinos en Ecuador se implementó en 2011, durante el gobierno de Rafael Correa. La consulta popular que llevó a esta decisión buscaba crear un "ambiente más sano" para la ciudadanía, evitando que las familias se vieran afectadas por el "vicio del juego". Correa argumentó que los casinos fomentaban el lavado de dinero y otros delitos, lo que justificó la medida ante la población.
Ecuador se convirtió el segundo país de Latinoamérica en prohibir los casinos, después de Brasil, en donde son considerados ilegales y un delito menor desde 1946. Foto: Telecinco.
La Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juego (Anpasju) se opuso a la decisión, advirtiendo sobre el caos social que podría generar la pérdida de empleos y la liquidación de negocios. A pesar de las críticas, la prohibición se mantuvo y se formalizó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2013, estableciendo penas de hasta tres años de prisión para quienes administren estos establecimientos.
El cierre de los casinos tuvo un impacto significativo en la economía ecuatoriana. Con la eliminación de un sector que generaba entre 200 y 500 millones de dólares anuales, muchas familias se vieron afectadas. Rafael Correa, consciente de la situación, ordenó indemnizaciones para mitigar el impacto en los trabajadores despedidos.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de controversia, ya que muchos argumentan que la prohibición ha llevado a un aumento en la informalidad y el juego clandestino.
El debate sobre la prohibición ha resurgido en los últimos años, especialmente con la propuesta del actual presidente Daniel Noboa de permitir nuevamente los casinos y las apuestas. Noboa argumenta que la regulación de estos negocios podría contribuir a la estabilidad económica y a la reducción de la inseguridad en ciertas zonas del país.
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A medida que se acerca el referéndum propuesto por el presidente Noboa, las opiniones sobre el regreso de los casinos en Ecuador son diversas. Algunos analistas advierten que la reactivación de este sector podría facilitar el lavado de activos y el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas. La discusión sobre la legalización de los casinos no solo se centra en aspectos económicos, sino también en las implicaciones sociales y éticas que conlleva.
Ecuatorianos salieron a protestar ante la polémica reglamentación del gobierno de Guillermo Lasso en 2023: prohibieron la publicidad a las apuestas deportivas. Foto: Estafa.info.
En conclusión, la historia de los casinos en Ecuador es un reflejo de las tensiones entre el desarrollo económico y la protección social. La decisión de prohibir los juegos de azar ha tenido consecuencias profundas, y el futuro de esta industria en el país sigue siendo incierto, a la espera de la decisión de la Corte Constitucional y la voluntad del pueblo ecuatoriano.