A los seis meses de haber asumido la presidencia de Argentina, Javier Milei logró su primer triunfo legislativo este jueves con la aprobación en el Senado de la llamada Ley Bases. El paquete legislativo deberá regresar a la Cámara de Diputados, que lo aprobó en abril, para su sanción definitiva. Esto se debe a que los senadores introdujeron algunas modificaciones. No obstante, se da por hecho que el Congreso lo convertirá en ley.
La votación, que se extendió hasta la madrugada de este jueves 13 de junio, resultó en un empate con 36 votos a favor y 36 en contra. Sin embargo, el voto favorable de la vicepresidenta Victoria Villarruel permitió la aprobación del paquete legislativo.
Mientras en el Parlamento se debatían los puntos de la ley, centenares de personas protestaban en el exterior. Algunos manifestantes lanzaron piedras, botellas y bombas molotov, lo que resultó en decenas de heridos durante los enfrentamientos con la policía.
El Senado de Argentina votó en la madrugada del jueves 23 de junio de 2024. Foto: AFP
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Uno de los aspectos más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar "la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética".
Esto permitirá a Milei ejercer facultades que normalmente corresponden al Poder Legislativo hasta mediados de 2025, pudiendo tomar decisiones sobre estos temas sin necesidad de pasar por el Congreso.
Sin embargo, no tendrá un poder absoluto. Para conseguir la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó ciertas limitaciones, como el compromiso de no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos.
El Senado de Argentina votó en la madrugada del jueves 23 de junio de 2024. Foto: AFP
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra abusos del Estado, para proyectos que superen los 200 millones de dólares. El objetivo es fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo.
Este régimen está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como la energía, la agricultura, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura.
Los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas, así como facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de los mismos.
El Senado de Argentina, aprobó la Ley Bases. Foto: AFP
La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado, aunque no todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original presentado por Milei.
De las cerca de 40 empresas que se incluían en la propuesta inicial para ser privatizadas, solo dos podrán ser vendidas: Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible.
Por otro lado, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A., la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, lo que significa que estarán abiertas a incorporar capital privado, según el proyecto.
Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que los medios públicos (Radio y Televisión Argentina).
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La Ley Bases incluye varios artículos destinados a modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que ha estado estancado durante más de una década.
La norma ofrece beneficios a los empleadores que regularicen a sus trabajadores. No obstante, también elimina sanciones contra el trabajo "informal", suprimiendo las indemnizaciones especiales que actualmente reciben los empleados no registrados correctamente.
Según el gobierno, esta flexibilización incentivará a más empresas a contratar personal, ya que, en la situación actual, muchos empresarios temen contratar nuevos empleados debido a la posibilidad de enfrentar juicios laborales que podrían llevar a una Pyme a la quiebra.