Indígenas celebran sentencia histórica: “Lloramos de alegría”

“Todos lloramos de alegría. Era una gran oportunidad para que el tribunal reforzase los derechos indígenas después de 500 años”, cuenta Brasilio Priprá, uno de los líderes de los xokleng.

Este pueblo originario, que habita el estado sureño de Santa Catarina, es uno de los impulsores del juicio que llevó a la declaración de inconstitucionalidad del llamado “marco temporal”, una tesis jurídica que limitaba los derechos indígenas a aquellas tierras que ocupaban el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.

Priprá, que se trasladó a Brasilia para seguir el juicio junto a cientos de indígenas más, considera que el “marco temporal” habría llevado a la “destrucción” de las reservas, que actualmente ocupan el 13,75 % del territorio brasileño, y que la decisión supone un “gran paso” para solucionar disputas de tierras, entre ellas la de su pueblo.

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La autorización en 2003 del Gobierno brasileño a ampliar la reserva que habitan unos 2.000 xokleng llevó a un grupo de agricultores de la región a presentar una acción ante los tribunales para anular la decisión, al defender que la etnia no había ocupado tradicionalmente esa nueva área.

Los agricultores, apoyados por el estado de Santa Catarina, añadieron que ellos ocupaban esas tierras desde hacía décadas y que las recibieron del Gobierno regional en sus esfuerzos por incentivar el poblamiento de esas áreas.

Aunque el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre las particularidades de ese caso, la decisión sobre el “marco temporal” despeja el camino para la resolución del entuerto, al afirmar que los derechos indígenas sobre sus tierras ancestrales son “originarios” y no pueden ser limitados por actos o leyes posteriores.

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Por otro lado, falta por esclarecer si el Supremo ordena que los agricultores que compraron de “buena fe” tierras tradicionalmente indígenas sean indemnizados, una posibilidad con la que la mayoría de los magistrados se mostró de acuerdo en un principio.

La clave

Reacciones. La Confederación de la Agricultura y la Pecuaria, la mayor patronal del sector, aseguró en un comunicado que la decisión instalaba un “permanente estado de inseguridad jurídica” y podía “expropiar a miles de familias del campo”.