Latinoamérica es una región dependiente de las máximas potencias del mundo y asediada por regímenes subvencionados por cúpulas de poder. Debido a su alta conflictividad social, círculos académicos se debaten por las maneras de reducir la delincuencia y los homicidios. En Ecuador, el todavía presidente Guillermo Lasso autorizó, en abril del 2023, la "tenencia y porte de armas de uso civil para combatir el crimen organizado". En Brasil, Lula da Silva pidió el requerimiento de una justificación para los interesados en tener una pistola, contraviniendo las flexibilidades hechas por su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. En Venezuela y Colombia está prohibido portar los objetos de carga balística.
Este medio de comunicación le consultó al internacionalista Francesco Tucci sobre la viabilidad de las propuestas y su impacto real en los problemas estructurales de matanza. Tucci asesoró a la Cámara de Diputados de la República Italiana y es experto en temas relativos a los sectores de inteligencia, seguridad, estrategia militar y terrorismo.
"Liberalizar o suavizar las restricciones sobre la venta de armas de fuego indirectamente significa que el Estado no tiene el control del territorio y no puede garantizar unos de los derechos fundamentales de los ciudadanos: la seguridad física contra la violencia", respondió.
La carencia estatal, entonces, buscaría en el recurso discursivo de la tenencia de armas la perfecta prédica política. Para Tucci, también es importante considerar la existencia del mercado negro de América Latina. "En países con alto grado de corrupción, instituciones débiles, institucionalidad baja, no es aconsejable reducir las limitaciones en la tenencia de armas", comentó.
En cambio, si se quiere "reducir las normas que limitan la tenencia de armas, hay que desarrollar una cultura de respeto y responsabilidad: las armas no son juguetes, hay que saberlas manejar con cuidado y hay que recibir el entrenamiento necesario en situaciones que simulan el estrés de un enfrentamiento o la defensa personal no va a ser efectiva y el civil armado va a constituir un peligro para sí mismo y los otros".
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El siguiente podio fue hecho según el índice de criminalidad de este año:
El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo identificó en su último estudio del 2022 que Colombia es el país de la región con más gasto del Producto Bruto Interno en equipamiento militar, con 3,40%.