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Bukele debe respetar derechos humanos de pandilleros tras encierro en megacárcel, dice EE. UU.

El Gobierno de los Estados Unidos se pronunció luego de la reciente polémica originada por el régimen de excepción del presidente salvadoreño, el cual ha recibido denuncias de violación a los derechos humanos.

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La declaración se da después del traslado de 2.000 presos a la “cárcel más grande América” en el Salvador. Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos señaló este jueves 2 que el Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, así como respetar los derechos humanos y el debido proceso.

Esta fue la respuesta de un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por la agencia EFE sobre la reciente inauguración y traslado de 2.000 supuestos pandilleros a la polémica prisión de Bukele el último viernes, recinto que es considerado como "la cárcel más grande de América".

El presidente Nayib Bukele durante una visita de inspección a la prisión recién inaugurada. Foto: AFP

La difusión de las imágenes en las que se ve el traslado de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, lo que ha generado opiniones divididas, entre ellas las críticas dirigidas por la falta de humanidad en el trato a los reclusos.

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

La llamada “guerra contra las pandillas” se enmarca en un régimen de excepción implementado desde finales de marzo tras una ola de asesinatos, la más alta en el Gobierno de Nayib Bukele. Foto: AFP

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos a sus derechos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que —según las cuentas oficiales— fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.