Megacárcel de El Salvador: ¿puede una prisión ser la solución para controlar a los Mara Salvatrucha?
De acuerdo con las cifras oficiales, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros durante el estado de excepción, que está próximo a cumplir un año en el país centroamericano.
Bukele ha hecho de su política de lucha contra las pandillas una de sus banderas y ha elevado su popularidad pese a tomar medidas controvertidas y que han sido criticadas por violar los derechos humanos.
El Gobierno de El Salvador decretó el régimen de excepción el 27 de marzo del 2022, tras un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, y lo ha extendido hasta la fecha.
En medio de la medida, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) a finales de enero de este año, lugar al cual el Gobierno trasladó la madrugada del viernes 24 a 2.000 supuestos pandilleros.
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¿Puede una prisión ser la solución para controlar a los Mara Salvatrucha?
Para el exministro del Interior José Elice, la creación de la cárcel es parte de la solución; sin embargo, se necesitarían otras medidas. “Lo que se requiere es una política clara para la contención y el procesamiento del delito, y parte importante de esa política debe ser las condiciones del cumplimiento de las sanciones subsecuentes”, sostuvo en comunicación con esta redacción.
En esa línea, indicó que “en el caso de El Salvador, al parecer esa es la idea (lo antes mencionado) . Además, el Gobierno ha puesto mucho cuidado en el manejo de la simbología del control del delito, con un mensaje implícito que se vuelve explícito con imágenes: no más tolerancia, mucho orden y tratamiento profesional y eficaz del delito”, detalló.
El presidente Nayib Bukele durante una visita de inspección a la prisión recién inaugurada. Foto: AFP
De acuerdo con las cifras oficiales, se ha detenido a más de 64.000 personas a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros, de las cuales se han liberado a más de 3.300.
“Lo primero es la voluntad estatal o gubernamental, lo segundo es la participación organizada de las personas y la expresión manifiesta de su apoyo a la política gubernamental, y la tercera es aprobar y solidificar las reformas que le den sostenibilidad a la política, al tiempo que se trabaja en las condiciones que posibiliten esa sostenibilidad, que deben incluir la reeducación y la reinserción”, afirmó Elice en relación con las acciones que deben tomarse desde el Gobierno salvadoreño a fin de al crimen organizado que asola al país.
Críticas y denuncias sobre las medidas que se imparten en El Salvador
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
“Lo que implica el régimen de excepción son la suspensión de varios derechos, de garantías propias del debido proceso, como el derecho a la defensa, el principio de presunción de inocencia, perder la habilidad de las comunicaciones. (Hoy hay) un abuso de la detención provisional oficiosa, puedes pasar detenido ‘provisionalmente’ sin un límite de tiempo”, sostuvo a este diario Irene Cuellar, investigadora regional de Amnistía Internacional en México.
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Asimismo, indicó que estas medidas han sido incluidas en el código penal del país, es decir, “si mañana el régimen de excepción no se renovara, ya existen estas reformas legales dentro del código penal y el código procesal penal”.
¿Cómo es la megacárcel de El Salvador?
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, localizado a solo unos 200 metros de la vía del tren, tiene una capacidad para más de 40.000 detenidos, cuyo resguardo requiere de 600 soldados de las Fuerzas Armadas y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil.
El complejo cubre un área de 236 manzanas o 1.645 kilómetros, casi siete veces el tamaño del estadio Cuscatlán, el más emblemático de El Salvador.
“La información y mensajes que ha proveído el Gobierno básicamente transmite que sigue bajo la lógica de una política de seguridad muy represiva y contraria a los derechos humanos en el país”, afirmó la investigadora regional de Amnistía Internacional con relación a la prisión.
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A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de los abusos".
Así como se han denunciado violaciones masivas del debido proceso, se han detallado casos de muertes de personas bajo custodia de las autoridades.
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) sostuvo que cuatro de los detenidos durante el régimen de excepción impuesto por el Gobierno de El Salvador han aparecido muertos en una fosa común, por lo que alerta que estas personas murieron bajo custodia del Estado y fueron enterradas sin informar a sus familiares.
