María Julia Castañeda. EFE
La aprobación de la reforma electoral conocida como el ‘plan B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado protestas multitudinarias y alertas internacionales por un supuesto riesgo para la democracia del país.
Uno de los principales cambios es la reducción del 80 % de los salarios del órgano electoral, cuyas funciones serán compactadas, lo que supondrá un reto para la elección presidencial del 2024, según coinciden analistas.
Aunque el INE no desaparece, se adelgaza la estructura electoral, expone Luis Miguel Carriedo, especialista en comunicación electoral y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por otro lado, Francisco Burgoa, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, cuestiona que estos cambios se hagan al faltar poco más de un año para las elecciones presidenciales, cuando históricamente “las leyes electorales se suelen hacer en el primer trienio del sexenio”.
Aunque las reformas no aplicarán a las elecciones estatales de este año en Coahuila y Estado de México, sí lo serán para los comicios presidenciales del año próximo, cuyo proceso formal se inicia este junio.
Otro de los puntos más controvertidos que revisó el Senado era la llamada “cláusula de la vida eterna”, que suponía que los partidos podían conservar su registro si no obtenían el requerido 3% de las preferencias, al permitir la transferencia de votos entre los partidos de una misma coalición.
También destacan las modificaciones sobre las acciones afirmativas para garantizar la representación de grupos minoritarios.
Plagio. Un centenar de académicos exigieron la renuncia de la ministra mexicana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado tanto su tesis de licenciatura como de doctorado. Ella fue propuesta por AMLO.