Funcionarios de Nayib Bukele son acusados por Estados Unidos de haber negociado con pandillas

Dos funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele han sido acusados por la Fiscalía de los Estados Unidos, ya que habrían negociado con la conocida pandilla de los Mara Salvatrucha (MS-13) una reducción de homicidios a cambio de beneficios entre los años 2019 a 2021.

La información que se ha hecho pública durante el jueves 23 de febrero, por el Departamento de Justicia, indica que parte del Ejecutivo de Bukele, quien ha encabezado en los últimos días una serie de actos públicos de la “guerra” contra las pandillas, habría negociado durante los primeros dos años de su gobierno para que se consiga una reducción de homicidios con el fin de mejorar la popularidad ante la nación.

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Aunque la acusación data del 22 de agosto del año pasado, esta recién se dio a conocer luego que se lograra la aprehensión de tres líderes de la pandilla, quienes se escondían y operaban en México. Los capturados han sido identificados como Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Monserrat Criminales; Walter Yovani Hernández Rivera, conocido como Baxter de Park View, y Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo de Park View.

De acuerdo a documentación de la Fiscalía, desde que Bukele asumió el poder en junio de 2019, dos altos funcionarios de su Administración, Osiris Luna, director general de prisiones, y Carlos Marroquín, director de la unidad de Reconstrucción de Tejido Social, acudían a las cárceles de máxima seguridad para reunirse con líderes de pandillas para negociar la reducción de asesinatos por parte de los Mara Salvatrucha.

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Esta medida, que tendría como fin fortalecer la popularidad del gobierno, habría surgido a cambio de favores como el de beneficios carcelarios, modificaciones de leyes, reducciones en las condenas y garantía de no-extradición de los máximos líderes a Estados Unidos.

Por el momento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha referido a las graves acusaciones que involucran a su gobierno y, por el contrario, ha continuado participando en eventos como el traslado de los primeros 2.000 prisioneros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado la cárcel más grande de América Latina.