Era un viernes 23 de abril por la mañana, una sargento auxiliar de informática del Ejército mexicano se dirigió al departamento de archivo para consultar información sobre unas impresoras en su puesto en Tapachula, en el estado de Chiapas.
Tenía que recopilar cuántas máquinas se habían hecho ese mes. Le faltaban los datos del batallón 61 en Tonalá y del 100 en Chiapas Nuevo. Sin embargo, su vida estaba por cambiar.
Tocó la puerta para buscar la información de la zona militar número 36 y la atendió un soldado a través de una reja: “¿Qué necesita, mi sargento?”, le dijo. En ese momento, alguien se le acercó por detrás y le agarró fuerte la cadera.
La sargento relató su experiencia al diario El País en Ciudad de México, donde está siguiendo el proceso de su denuncia. Foto: El País
“Recorrió todo mi cuerpo de la cintura hacia arriba, pero de verdad lo hizo con saña, restregándose (...). Me volteé y el teniente coronel Dorian me soltó. Se empezó a reír y me dijo: ‘Ay, perdón, te confundí con Karina’. Y se fue riendo. Yo me quedé atónita, blanca, no supe qué hacer”, continuó la soldado de 30 años.
Denunció a finales de abril a su superior, el teniente coronel de infantería Dorian N, por abuso sexual en un proceso plagado de obstáculos. Desde entonces, cuenta, su vida se ha convertido en una pesadilla: “Denuncié y me eché a todo el Ejército encima”.
La militar afirma que ha sido apartada de sus funciones, aislada por sus compañeros, acusada de insubordinación y también amenazada de muerte. “Temo que la situación vaya más allá y me violen o me desaparezcan. Quiero que quede todo por escrito”, dijo a El País.
En México hay más de 100.000 personas desaparecidas, según informó este año el Gobierno del país en sus cifras oficiales. Este delito se ha convertido, según la ONU, en el paradigma del crimen perfecto en el territorio. “Yo no quiero ser un número más”, dice la sargento.
Su denuncia es solo una de las decenas que existen en las Fuerzas Armadas de México. Documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana muestran que las militares que son víctimas de casos graves de hostigamiento laboral, acoso sexual y represalias. De forma recurrente, hay hombres que entran a los dormitorios de ellas (o lo intentan), y esto sucede en cuarteles e instalaciones de todo el país, indica el colectivo que reveló dichos informes.
PUEDES VER: UE, Estados Unidos y más países señalan que veto a mujeres en ONG pone a millones en peligro
Pero estas no son las únicas transgresiones. Los mandos deciden no autorizar licencias de maternidad a pesar de que todas las mujeres que forman parte del Ejército tienen derecho a gozar oportunamente de licencias. Esto, según el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
En un documento interno de marzo de 2022, la Subsecretaría de Defensa Nacional reconoce que, de manera “recurrente”, los mandos militares niegan licencias a las mujeres embarazadas bajo su mando, alegando que “las interesadas no desean hacer uso de estos beneficios o no se encuentran física y moralmente aptas para solicitarlos”.
Debido a una filtración masiva de más de seis terabytes de información interna del Ejército, el diario El País encontró decenas de archivos que registran casos de abusos sexuales que no habían salido a la luz y que fueron cometidos a veces en grupo, otras con prácticas de tortura.
La nula y precaria respuesta de la institución genera que muchas de las víctimas soliciten un cambio de su lugar de trabajo, sobre todo en zonas rurales, para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja.
En estas acusaciones están implicados al menos 42 militares. Algunos de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron a otro destacamento, indica El País.
Algunos informes registran, además, quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y acoso sexual, siendo acorraladas e incluso amenazadas.
Si usted ha sido o conoce a alguien que fue afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Gobierno peruano. Además, la Línea 100 posee la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. El servicio atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso feriados.