
Anna Cuenca, AFP
La justicia británica reconsiderará, a partir del martes, tras cuatro años de viacrucis judicial, la demanda colectiva presentada por 200.000 entidades e individuos, incluidos los indígenas Krenak, contra la minera angloaustraliana BHP por la peor catástrofe ambiental en la historia de Brasil.
La fiscalía del gran estado brasileño de Minas Gerais estima que hubo unos 700.000 damnificados por el desastre.
El 5 de noviembre de 2015, el dique minero Fundao, cerca de las localidades de Mariana y Bento Rodrigues en el estado de Minas Gerais, se rompió liberando casi 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales altamente contaminantes.
Emergencia. Autoridades de la nación wampis han declarado todo el territorio en emergencia socio comunitaria y ambiental para frenar el avance de la tala, la minería y el narcotráfico. Foto: difusión
El dique pertenecía a Samarco, una empresa conjunta de la brasileña Vale y la angloaustraliana BHP-Billiton, que cotiza en las bolsas de Sidney y Londres.
El tsunami de lodo recorrió 650 km por el Rio Doce hasta el Atlántico, arrasó localidades, mató a 19 personas y devastó la flora y la fauna en el hábitat ancestral de los Krenak.
Más de siete años después, “no pueden pescar, no pueden utilizar el agua del río que cruza sus tierras”, explica Ana Carolina Salomão, del gabinete de abogados Pogust Goodhead, responsable de la demanda colectiva en el Reino Unido.
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“Pero es mucho más que eso (medio ambiente y economía)”, asegura, porque “ellos conciben al río como su dios”. “Como consecuencia de la muerte del río, como ellos lo ven, a causa de este desastre, no pueden celebrar eventos sociales clave para sus vidas, relacionados con nacimientos, bodas y rituales de paso”, subraya.
“Su incapacidad para transmitir su tradición cultural a las nuevas generaciones está dañando su autoestima y su propia salud mental”, agrega, precisando que cinco líderes indígenas viajarán al Reino Unido para las vistas, previstas el martes y miércoles en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres.
Inicialmente un juez de primera instancia estimó que los demandantes no tenían derecho a litigar en Inglaterra y estaban abusando del sistema. Se les negó el derecho a recurrir y el caso fue cerrado en 2020.
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Pero no se dieron por vencidos y en 2021 presentaron una inusual moción para reabrir el caso. No solo lograron poder apelar el fallo inicial, sino que ganaron el recurso, obteniendo en abril de 2022 el reconocimiento de que los tribunales ingleses son competentes en este caso multijurisdiccional.
Los demandantes esperan que la Alta Corte fije una fecha para el inicio del juicio en 2023.
Las mineras (brasileña Vale y la angloaustraliana BHP-Billiton), implicadas en el desastre, defienden que “hasta la fecha se han desembolsado cerca de 25.000 millones de reales (US$4.700 millones) a través de la Fundación Renova”, que gestiona la reparación y compensación.
“De ellos, ya se han pagado más de 11.500 millones de reales en indemnizaciones y ayudas financieras de emergencia a más de 400.000 personas”, dijo un portavoz de BHP en Londres.





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