El “conflicto mapuche” ya traspasó fronteras y se ha convertido en una nueva fuente de tensión diplomática que enfrenta a Chile y Argentina.
En la víspera, el presidente chileno Sebastián Piñera volvió a prorrogar (esta vez hasta el 11 de noviembre) el estado de excepción en el sur de su país, luego de los graves atentados producidos el fin de semana.
“La región de La Araucanía y el Biobío han sufrido gravemente los efectos de la violencia, los ataques de bandas del crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera”, indicó el mandatario.
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La agencia EFE informó que el decreto, vigente desde el 12 de octubre, abarca a las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía. Estas y otras zonas del sur han experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.
El conflicto mapuche enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.
Al otro lado de la frontera, en la Patagonia argentina, una serie de ataques incendiarios motivaron a las autoridades de la provincia de Río Negro exigir al Gobierno federal el envío de tropas y la declaración de un estado de emergencia similar al de Chile. Sin embargo, el pedido fue desestimado por el presidente Alberto Fernández.
El diario argentino Clarín publicó un amplio informe en el que se cuestiona la presencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en el juicio al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien cumple condena en la ciudad chilena de Temuco por homicidio simple y porte de arma casera.
Bielsa aclaró que su presencia se debió a obligaciones consulares, pero mereció una comunicación de la Cancillería chilena y las críticas de las autoridades argentinas de la provincia de Río Negro. Clarín informó que la gobernadora rionegrina Arabela Carreras se enfrentó al presidente Fernández al exigir el envío de fuerzas federales y la emisión de una condena total, tras el incendio del Club Andino Piltriquitrón, al que calificó de “ataques terroristas”, ya que se encontraron bidones de combustible y afiches contra la funcionaria, el alcalde Bruno Pogliano, así como en rechazo a los empresarios dueños de tierras en la Patagonia, Joe Lewis y Luciano Benetton.
La gobernadora de la provincia argentina de Río Negro (sur), Arabela Carreras, afirmó que algunos funcionarios del Gobierno nacional “instigan” la violencia en la región, después de una serie de ataques incendiarios en la zona provocados presuntamente por grupos mapuches, informó la agencia EFE.
Carreras cargó contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por su presunta “complicidad” e “instigación” de estos ataques.
“Hay un sostenimiento económico de estos grupos”, aseveró Carreras en diálogo con Radio Mitre, de Argentina.