Un juez de Chicago, al este de Estados Unidos, prohibió el viernes 15 de octubre al presidente del sindicato policial de la ciudad hacer declaraciones públicas sobre la política del Ayuntamiento sobre la COVID-19, en un momento de demandas cruzadas por la obligatoriedad de vacunarse.
La disputa entre la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y el presidente del sindicato de la Policía local, John Catanzara, ha convertido la ciudad en el epicentro de un debate extremadamente polarizado sobre las vacunas y si autoridades públicas tienen derecho a imponerlas.
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La alcaldesa demandó al sindicalista y un juez de la ciudad prohibió durante 10 días a Catanzara hacer declaraciones que animen a los miembros del cuerpo a no informar sobre su estado de vacunación.
El sindicato de la Policía presentó su propia demanda el viernes contra Lightfoot y el superintendente de la Policía de Chicago, David Brown, que pretende forzar un arbitraje sobre el asunto.
Al igual que todos los empleados de la ciudad, los policías de Chicago tenían la obligación de informar sobre su estado de vacunación en un portal en línea antes de la medianoche del viernes. Los que no estén vacunados serán sometidos a pruebas dos veces por semana.
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Aquellos que se nieguen a dar información sobre su estado tienen unos días de gracia para explicarse, pero se enfrentan a periodo de baja no remunerada e incluso el despido.
En dos vídeos publicados esta semana, Catanzara instó a los agentes de Policía a ignorar la orden aun a riesgo de perder el sueldo. Él predijo que Chicago tendría una “fuerza policial al 50% o menos para este fin de semana” si los agentes seguían sus consejos.
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Lightfoot señaló: “Los residentes tienen derecho a esperar que esos oficiales no los enfermen. Los residentes tienen derecho a saber que los empleados de la ciudad de Chicago se toman su salud y su bienestar tan en serio como la propia y la de su familia”.
También acusó a Catanzara de “fomentar un paro laboral o una huelga”. Tanto la ley estatal como el contrato sindical prohíben a la Policía de Chicago hacer huelga.
El sindicato respondió con un tuit el viernes: “El presidente John Catanzara nunca ha participado, apoyado o alentado un paro laboral”.
En un principio, Lightfoot aprobó que todos los empleados municipales tenían que vacunarse obligatoriamente, pero después suavizó la medida al permitir a los no vacunados hacerse dos test de COVID-19 semanales hasta final de año.
Según la página Officer Down, 228 policías en Estado Unidos han muerto por coronavirus en lo que va de año, lo que la convierte en la principal causa de muerte en acto de servicio entre las 356 víctimas mortales registradas.
El enfrentamiento de Chicago se produce en un momento en que la ciudad vuelve a estar a la cabeza de Estados Unidos en cuanto a asesinatos, con 639 homicidios este año hasta el 13 de octubre, un 55% más que hace dos años.
Los tiroteos también han aumentado un 68% en ese periodo y la cantidad de robos de coches está en cifras récord, por lo que la amenaza de perder gran parte de la fuerza policial, aunque sea temporalmente, ha provocado una profunda sensación de malestar.
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El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, declaró a un locutor de radio conservador que se plantea la opción de llamar a la Guardia Nacional.
“Hemos ofrecido todos los recursos, todos los recursos de seguridad pública de que dispone el Estado para ofrecer a la ciudad de Chicago, así que, si la ciudad nos llama, responderemos”, dijo Pritzker.