Gobierno de Nicaragua impide salir del país al jefe de prensa del Canal 10

Las autoridades nicaragüenses impidieron este miércoles salir del país al jefe de prensa del Canal 10 de la televisión local, Mauricio Madrigal, quien, según dijo, se dirigía hacia Miami, Estados Unidos, para una reunión de trabajo.

Madrigal, que acudió al Ministerio Público el pasado 29 de junio por un caso de lavado de dinero por el que se investiga a la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dijo a los periodistas que los agentes de migración retuvieron su pasaporte en el Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino cuando se aprestaba a abordar el avión.

“Me retuvieron el pasaporte. Me dijeron que no podía salir del país, sin ninguna explicación”, afirmó el jefe de prensa del Canal 10 de la televisión nicaragüense, el de mayor audiencia en el país.

Su pasaporte quedó bajo custodia de los agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería, señaló Madrigal, que calificó la medida administrativa de “arbitraria” bajo el argumento de que no tiene un proceso legal abierto en su contra.

Asimismo, el periodista expresó su preocupación porque, a su juicio, las autoridades actúan “de manera arbitraria, y sin ninguna explicación te impiden la salida cuando cumplís todos los requisitos de ley”.

“No sabía que tenía restricción migratoria, porque nunca fui notificado por ningún juez”, anotó el periodista, que se declaró “sorprendido” con la medida en su contra, porque, según dijo, no es político ni anda “metido en nada”.

De momento, las autoridades de Migración no se han referido a ese caso.

El pasado 29 de junio, Madrigal compareció ante el Ministerio Público, donde le preguntaron si conocía la Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por el sandinismo, y que, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

La controvertida ley, que ha sido bautizada como “ley mordaza” o “ley bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos a los que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.

La norma, de 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La ley contiene 25 definiciones; sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (“fake news”) e información tergiversada.

Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, el que tendrá la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha acusado a los periodistas de “inventar cualquier cosa para sembrar el terror” y los ha tildado de “malignos”, “hipócritas”, “destructores”, “criminales”, “terroristas de la comunicación”, y ha agradecido a Dios que van “quedando en unos cuantos miserables”.