López Chau, Grozo y Sánchez postulan a 23 candidatos que tienen sentencias
Antecedentes. En el caso de Ahora Nación hay siete aspirantes condenados por violencia familiar, omisión a la asistencia familiar y resistencia al pago de alimentos. En Integridad Democrática, tres sentenciados por apropiación ilícita, peculado y por obligación de dar suma de dinero. Y en Juntos por el Perú, 13 sentenciados, entre ellos uno por terrorismo.
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Presentar candidatos con sentencias judiciales para las cámaras de Senadores y Diputados se ha normalizado en el proceso electoral en curso. El partido Juntos por el Perú (JP), que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, cuenta con 13 aspirantes (2 para senador, 11 para diputado) que registran condenas o mandatos judiciales.
Ellos son:
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- Edgar Rivadeneyra Macedo, sentenciado por el delito de terrorismo.
- Hilso Ramos Cosme, contra la fe pública.
- Andrés Antallaca Ginez, falsa declaración en proceso administrativo.
- Nelly Avendaño Roca, demanda contractual.
- Fani Quiñónes Carlos, estafa agravada.
- Adán Becerra Garay, usurpación de funciones.
- Walter Chipana Arhuata, seis demandas contractuales y una demanda por familia y alimentos.
- Gabriel Gonzáles Delgado, entorpecimiento al funcionamiento vía pública y una demanda por violencia familiar.
- Oswar Cahuaza Mitivire, demanda por alimentos.
- Julián Pérez Mallqui, falsa declaración, lesiones y violencia familiar.
- Lourdes Natividad Rivera, contra la fé pública, falsedad de documentos
- César Copa Tijutani, delito de rebelión.
- José Feria Madrid, una demanda contractual y otra por alimentos.
En 1992, Rivadeneyra fue detenido y al año siguiente recibió una condena a 20 años de prisión por su pertenencia al grupo Patria Libre, que fue vinculado con la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). “Yo estuve preso por mis ideas, por razones políticas, pero no participé ni cometí actos terroristas. Por eso fui indultado y salí en libertad en 2001”, explicó.
Por su parte, César Copa afirmó que lo sentenciaron por el delito de rebelión porque, siendo alcalde provincial de Canta, se enfrentó a la municipalidad provincial de Lima y a la municipalidad de Huarochirí que emitieron normas que perjudicaban a su comunidad, como la prohibición al ingreso a la capital de unidades móviles que provenían de su provincia.
“El exalcalde Alberto Andrade me denunció por usurpación de funciones y me sentenciaron en 2004. A mí no me condenaron por robo, por peculado, por malversación o por colusión como a otros. Fue en defensa de mis pobladores”, argumentó.
Según las hojas de vida de los propios postulantes al Congreso, hay condenados por delitos de corrupción de funcionarios, por negarse a pagar los alimentos de sus hijos y un caso por terrorismo. Foto: Jurado Nacional de Elecciones
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El partido Ahora Nación de Alfonso López Chau tiene a siete postulantes sentenciados por el Poder Judicial:
- Juan Mancco Perez, dos sentencias por violencia familiar.
- Jose Ríos Uriarte, por omisión a la asistencia familiar.
- Salvador Arévalo La Rosa, dos demandas judiciales contractuales.
- David Yucra Chambi, dos demandas en materia de familia y alimentos.
- Helard Sonco Villanueva, una demanda contractual.
- Lucio Arana Sánchez, una demanda contractual.
- Raúl Villavicencio Choque, una demanda contractual.
Respecto a su caso, el aspirante Lucio Arana Sánchez señaló: “Es una demanda de hace 40 años, y lo he declarado por que hay que declararlo, no le puedo decir otra cosa”.
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En el partido Integridad Democrática, de Wolfgang Grozo Costa, son tres postulantes que consignan sentencias:
- Roberd Navarro Mendoza, sentenciado por apropiación ilícita.
- Cleofé Monzón Camacho, por peculado.
- Mary Palma Reyes, una demanda contractual.
“No tengo sentencia, es un error material. Además, el JNE sacó una resolución a mi favor”, dijo Cleofé Monzón sobre su caso de presunto peculado.
Mary Palma reconoció que la demanda contractual fue por una deuda con el Banco de Comercio. Fui a hablar con el banco, quedamos en un acuerdo y hoy estoy pagando las cuotas de 1.800 mensuales. Es decir, eso no es algo judicial, ni penal, ni nada”, fue su explicación.
Los demás candidatos no ofrecieron explicaciones, o prefirieron ignorar las llamadas o mensajes.
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Consultado el experto en derecho electoral, Roy Mendoza Navarro, dijo que los casos mencionados demuestran la necesidad de que los partidos ajusten sus filtros: “Lo más probable es que el filtro haya sido bastante ligero. O podría haberse dado el caso que, acorralados por el tiempo para construir las listas, no tuvieran otras opciones. En ambos casos resulta cuestionable la permeabilidad de las agrupaciones políticas para incluir ciudadanos sentenciados si lo que se busca es la idoneidad de los aspirantes a un cargo público”, señaló.
