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Los cinco hitos en el camino de Argentina hacia la legalización del aborto

El Senado debatirá hoy una ley para que todas las mujeres puedan acceder al aborto hasta la semana 14 de gestación, no solo cuando han sido abusadas o corre en peligro su vida, como se permite en la actualidad.

Los cinco hitos en el camino de Argentina hacia la legalización del aborto
Los pañuelos verdes, símbolo del apoyo a la ley del aborto, aparecieron por primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2003. Foto: EFE

El Senado de Argentina debatirá este martes, por segunda vez en su historia, la interrupción voluntaria del embarazo, como desenlace de una serie de hitos que a lo largo de los años han buscado que todas las mujeres puedan acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación y no solo si han sido violadas o corre peligro su vida, como se permite en la actualidad.

1. Movimientos de mujeres en los 70 Y 80

Las acciones de las mujeres para lograr el aborto legal comenzaron con las pioneras de los años 70, de la mano de la Unidad Feminista Argentina y el Frente de Lucha por la Mujer.

Con el retorno de la democracia, en 1983, los Encuentros Nacionales de Mujeres (el primero en 1986, con una asistencia creciente año a año) han sido lugares de visibilidad y construcción de los colectivos feministas.

Asimismo, la Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer realizó, desde 1982 y por 30 años, encuentros anuales que han marcado la historia del feminismo local. Así, en 1988 promovió la creación de la Comisión por el Derecho al Aborto, que logró que la problemática saliera del silencio.

También impuso la consigna “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, participó en la redacción de tres proyectos de ley y redactó uno propio.

Ya en 1990, se realizó el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en la localidad bonaerense de San Bernardo, donde se propuso instaurar al 28 de septiembre como el día por “el derecho al aborto de las mujeres de América Latina y el Caribe”.

2. Primer anteproyecto y la reforma constitucional

El primer anteproyecto sobre la anticoncepción y el aborto fue presentado en el Congreso por la Comisión por el Derecho al Aborto en 1992. Entonces se pretendía reconocer el derecho a esa práctica antes de las 12 semanas de gestación, aunque no llegó a debatirse.

De cara a la reforma Constitucional de 1994, el grupo de Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad fue clave para evitar que se incluyera una cláusula de “defensa de la vida humana desde la concepción”, sobreponiéndose a la postura sostenida por la Iglesia Católica.

3. Campaña y presentación de proyectos en los 2000

En el marco de la crisis económica, social y política del 2001 en Argentina, nació la Asamblea por el Derecho al Aborto, en la que participaban una diversidad de agrupaciones feministas, colectivos LGTBI+ y partidos políticos. Ello abrió la discusión entre la demanda de “despenalización” y la búsqueda de la “legalización” por parte de quienes no querían la intromisión del Estado en el cuerpo de la mujer.

Los pañuelos verdes, símbolo del apoyo a la ley del aborto, aparecieron por primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2003.

Dos años después, se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que atrajo activistas que por primera vez se acercaban a la lucha feminista y profundizó la batalla para que el aborto pudiera realizarse en el servicio de salud.

Esa agrupación presentó proyectos para despenalizar y legalizar el aborto en varias ocasiones, sin que llegaran siquiera a tratarse en comisión, hasta que, en 2018, después de que el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) decidiera facilitar el tratamiento, llegó a ser debatido por primera vez y aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue rechazado por el Senado.

La Campaña incluyó en su discurso temáticas del derecho al placer, a la maternidad, derechos económicos y humanos: “Consideramos la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres”.

El Senado de Argentina deberá decidir si aprueba o rechaza la despenalización del aborto. Foto: EFE

4. La corte suprema interpreta el aborto no punible en 2012

En Argentina, la interrupción del embarazo está regulada desde 1921 por el Código Penal, que establecía los casos en los que no se debe penar: cuando se practica para evitar peligro para la vida o la salud de la mujer o si el embarazo proviene de una violación “o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente”.

Ese último punto varió cuando en 2012 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que avalaba que todas las mujeres violadas, más allá de sus circunstancias mentales, podían interrumpir el embarazo sin autorización judicial previa ni temor a una sanción penal, eximiendo también de castigo al médico que interviniera en el proceso.

En 2015, el Ministerio de Salud publicó un protocolo que señalaba que las causas de peligro para la salud y para la vida de la madre deben comprender además del bienestar físico, el psíquico y social. No obstante, todavía cinco provincias no se han adherido al protocolo, según la Campaña.

5. Debates en el congreso en 2018 y 2020

La marea verde, como se conoce a los grupos en defensa de la ley, inundó el debate público en 2018. En el Congreso, el proyecto logró la sanción en una sesión histórica en Diputados, pero no logró pasar la prueba en el Senado.

Sin embargo, un debate intenso, de más de 200 horas y 800 expositores, desencadenó un proceso novedoso de intercambio de ideas en gran parte de la sociedad y la división apasionada entre verdes y celestes, que se reflejó en manifestaciones públicas, en los medios de comunicación, en redes sociales y a nivel político.

La aprobación de la Cámara de Diputados fue recibida con un estallido de alegría por miles de personas de pañuelo verde. Foto: AFP

Ahora, se repite el debate en el Congreso, pero luego de haber roto el tabú de dar la discusión: se ha visualizado el problema de salud pública y la necesidad de acabar con los abortos clandestinos. También existe un impulso político que proviene del Ejecutivo, que redactó un proyecto para permitir el aborto sin causales hasta la semana 14 de gestación y lo acompañó con un plan para proteger a la embarazada y los primeros tres años del infante.

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