Principal opositor a Piñera denuncia persecución “extrajudicial” en su contra

Marco Enríquez-Ominami postuló tres veces a la presidencia de Chile y posicionó al Partido Progresista que él mismo fundó como la tercera fuerza más importante en el Congreso de su país. Desde el principio de su carrera a Palacio de la Moneda, su consigna siempre fue el cambio de la Constitución y una reforma política muy lejana al conservadurismo del Gobierno de Sebastián Piñera.

Ahora, cuando nuestros vecinos del sur se disponen a ir a las urnas el 11 de abril próximo para elegir a los miembros de la nueva Asamblea Constituyente, el político no podrá correr con la misma suerte de sus compatriotas, debido a que su derecho al sufragio fue inhabilitado mientras espera el juicio oral por el caso OAS, donde se le acusa de fraude de subvenciones; además, está en la etapa de preparación del juicio oral tras ser formalizado como presunto facilitador de la emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM Salar y otras dos a Soquimich, según información recogida en los medios locales.

En entrevista con La República, Ominami calificó esto como un hecho “aberrante” que atenta contra su derecho humano. Sin embargo, dicha situación pone en un limbo peligroso cualquier tipo de aspiración presidencial de cara a los comicios programados para noviembre de 2021.

Aquello que más desconcierta al líder del Partido Progresista es que ya lleva 6 años sin que ni siquiera comience un juicio en su contra. Para él, personas muy cercanas al presidente Piñera lo están “persiguiendo” judicialmente. Señaló que no se le reconoce su derecho a la “presunción de inocencia”. Esto fue lo que nos dijo en conversación telefónica desde Santiago de Chile.

¿Cómo tomas esta inhabilitación a tu derecho al sufragio?

Un fiscal vinculado al actual presidente, que hoy es su asesor, que también está vinculado a un movimiento pinochetista de la dictadura y pertenece a la extrema derecha, decide acusarme y durante seis años evitan el juicio. Hoy se viola un derecho civil, un derecho político, un derecho humano que reconocen todas las cartas internacionales.

¿Eso quiere decir que no hay sentencia y tampoco juicio?

No hay juicio, ni hay fecha ni para el 2021 ni para el 2022. Yo podría estar así ocho años. Eso excede el plazo razonable.

Es el mismo modus operandi en todos los países: un fiscal se colude con algunos medios de comunicación, instala una verdad, afecta tu reputación y afecta la política.

En 2017, como candidato presidencial, el mismo fiscal, con evidentes actos de corrupción del actual presidente, eximió a Piñera siquiera de investigarlo. Lo interrogó y a la salida encontró que “el sabor del té era muy bueno”. Esa fue su frase, y se dedicó toda la campaña a infringir el proceso democrático.

Esto es una violación básica a la presunción de inocencia, pero que también transgrede a la Constitución de Chile. Por esa razón voy a defenderme en el país y en las demás instancias internacionales, porque esto excede los plazos razonables.

¿Esto no afecta tus aspiraciones presidenciales?

No del todo, porque aún hay una discusión sobre eso. Sin embargo, esperamos que se revierta lo antes posible, porque no es completamente impropio. No existe, de hecho. Ya hay en Colombia el caso de Gustavo Petro, a quien se le hizo lo mismo cuando le prohibieron el derecho a votar, pero lo corrigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso quiere decir que existe jurisprudencia sobre el tema. Eso tendrán que corregirlo. El Estado chileno no puede condenar a nadie sin un juicio, eso no existe.

¿A quiénes atribuyes esta inhabilitación tuya?

Yo siempre he dicho que estoy convencido que son sectores de la clase política tradicional. No tengo ninguna duda de que hay sectores de ambas coaliciones que están vinculados a estos fiscales que por razones extrajudiciales me inventaron 13 causas. Soy el primer y único candidato de la historia de Chile que va a ir a un juicio por rendiciones electorales, pero va solo y por mis tres campañas: 2009, 2013 y 2017.

Ningún presidente, ningún excandidato nunca ha sido investigado. Soy el único. Acá tiene que ver mucho con Piñera porque yo vinculo a sectores de la derecha.

El consejo de defensa al Estado, que se sumó a la querella, estaba presidido por un exministro de Piñera. El fiscal que me ha acusado está casado con la ministra de Justicia de Piñera. En cualquier país del mundo sucedería una inhabilitación a dicha funcionaria. Imagínate, una ministra de Justicia casada con un fiscal y este invalida al principal opositor de Piñera. No lo interpreto, son los hechos.