Este martes 30 de junio se aprobó la denominada Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Según informan los medios locales, la normativa se promulgó en Beijing; China, en medio de críticas por ser considerada por muchos como una forma de anularse las libertades civiles y políticas de la ciudad.
Se sabe que el Congreso Nacional del Pueblo (APN) fue el órgano encargado de ratificar la legislación por unanimidad, sin tomar en cuenta las invocaciones de los países occidentales ni las masivas manifestaciones realizadas hace un año en el territorio autónomo contra la intervención del gobierno central.
Según Carrie Lam, Jefa de Gobierno de Hong Kong, el texto se incorporará a la ‘Ley Fundamental’ que juega las funciones de una Constitución en la ciudad, desde 1997. La Ley de Seguridad Nacional entrará en vigor desde el mismo martes 30 de junio.
Aún no se ha hecho público algún borrador de la normativa, por lo que su contenido es aún un misterio para los casi 7.5 millones de habitantes de Hong Kong.
Pese a ello, la agencia de noticias estatal china Xinhua había anunciado con anterioridad que la legislación penalizaría delitos como la secesión, la subversión contra el Gobierno central de China, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
Por su parte, la emisora pública de Hong Kong RTHK informó que la posible pena máxima para los mencionados delitos sería “mucho más alta” que los 10 años en prisión.
“Esto supone el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo. Con poderes ampliados y una ley mal definida, la ciudad se convertirá en un #estadodepolicíasecreta”, escribió Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento prodemocracia de Hong Kong.
La Oficina de Información del Consejo de Estado de China anunció que se realizará una rueda de prensa el miércoles 1 de julio durante la mañana, para brindar mayores detalles de esta decisión, luego que Carrie Lam se negara a hablar sobre el tema durante su conferencia de prensa semanal, realizada el mismo martes.
Países como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea; al lado de grupos de derechos humanos y políticos de la oposición china han mostrado su total preocupación ante la aprobación de esta ley.
Muchos temen que la legislación sea usada para ir en contra de la autonomía que la ciudad posee como parte de los acuerdos de la Declaración Conjunta Sino-británica, mediante la cual el Gobierno Británico devolvía Hong Kong a China, el 1 de julio de 1997.
“La velocidad y el secretismo con que China ha impulsado esta legislación intensifica el temor de que Beijing haya creado un arma de represión calculada para ser utilizada contra los críticos del Gobierno, incluidas las personas que simplemente expresan sus puntos de vista o protestan pacíficamente”, comentó al respecto Joshua Rosenzweig, jefe del equipo de China de Amnistía Internacional.