El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este domingo que habrá una intervención y reestructuración de la Comisión de Contraloría del Parlamento para abrir una investigación por presuntos actos de corrupción.
En rueda de prensa Guaidó informó que "suspenden a los diputados involucrados en estas acusaciones de todas las responsabilidades del Parlamento nacional”.
Apuntó que plantearán la participación y veeduría de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, incluido el que sacó este caso a la luz, para “garantizar independencia y transparencia”.
“Vamos a profundizar en la investigación” para sumar votos en pro de la finalización de “uno de los flagelos que tiene desangrada a Venezuela (la corrupción). ¡Es inaceptable para todos!", enfatizó Guaidó.
Cuestionado sobre la posibilidad de que los políticos pierdan sus facultades, dijo que están “analizando todos los mecanismos”, incluido el allanamiento a la inmunidad parlamentaria.
Un nuevo presunto caso de corrupción sacudió a la oposición venezolana luego de que el portal Armando.info publicara una investigación que acusa a varios diputados de realizar gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados al chavismo.
Según el reporte periodístico, varios parlamentarios “emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP (programa de alimentos subsidiado del régimen señalado de corrupción), con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido”.
La primera reacción a este reportaje fue la renuncia del presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano
La investigación de Armando.info asegura que los diputados han entregado documentos a la Fiscalía colombiana —que acusó el año pasado a Saab por evasión de impuestos y a quien se investiga por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro— una carta que exime a Lizcano y a su empresa, Salva Foods, de cualquier relación con el empresario sancionado.
Salva Foods, dice el portal, es la compañía que maneja las tiendas CLAP en Venezuela.
Los diputados señalados por este caso son: Luis Parra, presunto coordinador del grupo; Adolfo Superlano, José Brito del partido opositor Primero Justicia (PJ); Conrado Pérez Linares, Emilio Fajardo, también de PJ, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT).
“No podemos por individualidades de los señalados en esta investigación, generalizar a todo el Parlamento, sería injusto”, subrayó Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países.