Argentina: ¿Qué dice el nuevo protocolo de abortos no punibles que Macri evalúa revocar?

El pasado miércoles 20 de noviembre, el Gobierno argentino promulgó una resolución de la Secretaría de Salud que habilitaba el nuevo protocolo sobre abortos no punibles en Argentina. No obstante, horas después se informó que Mauricio Macri decidió derogarla.

Ahora, nuevamente se evalúa dejar atrás esta última decisión. Bajo este confuso panorama, cabe aclarar por qué es tan polémico el nuevo protocolo.

En líneas generales, el documento facilita la interrupción del embarazo como un derecho para niñas, adolescentes y mujeres en general. Asimismo, el ámbito de aplicación se extiende por causales incluso cuando la gestante no presente riesgos de salud inmediatos o evidentes.

Según recoge Infobae, en el caso de las adolescentes, entre 13 y 16 años, pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE (interrupción legal del embarazo) en cualquier situación.

Sobre el consentimiento

En los casos de niñas menores de 13 años su consentimiento será dado con el acompañamiento de sus progenitores o de quienes estén bajo cuidado. Estos últimos deberán firmar ratificar el consentimiento informado de la niña. En caso de desacuerdo entre ambas partes, el equipo de salud debe valorar la situación.

Cuando se trate de un embarazo producto de una violación, no será exigible la denuncia policial o judicial que la acredite. Solamente se necesita la “declaración jurada de que el embarazo es producto de violación. Asimismo, en el caso de las menores de 13 años, “la declaración jurada no es necesaria”.

El consentimiento informado y la declaración jurada son los únicos requisitos que se debe solicitar a la mujer para realizar una ILE producto de una violación.

Atención oportuna

El documento establece que todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho de acceder al aborto cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece. Para ello, es esencial identificar precozmente cuándo un embarazo es causal de una ILE.

Se debe también realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar dicha decisión y no demorar la práctica.

Por otro lado, la implementación de mecanismos administrativos y/o la realización de la interconsulta no puede implicar demoras innecesarias en el aborto legal. De darse el caso, se puede sancionar administrativa, civil y/o penalmente al establecimiento.

Entre otros aspectos, el protocolo busca extender el “derecho que tienen mujeres, niñas y adolescentes” a decidir la interrupción del embarazo cuando los casos encuadren en las causales establecidas.