Como parte de su política por erradicar la crisis en Venezuela, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones este viernes contra Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder del régimen chavista en la República bolivariana.
Esta medida del gobierno de Donald Trump incluye a Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, a la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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“Maduro confía en su hijo ‘Nicolasito’ y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo que sufre la crisis en Venezuela”, dice el texto publicado en la página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Además, agrega que “continuará atacando a los familiares cómplices de personas ilegales del régimen que se benefician de la corrupción de Maduro”.
La exmiembro de la Cámara de Representante de Estados Unidos por parte del partido Republicano de Donald Trump publicó el texto del Departamento del Tesoro con las siguientes palabras: “Y siguen las sanciones en contra de los oficiales ilegítimos en Venezuela. Esta vez le tocó al hijo de Nicolás Maduro por ser parte del régimen que viola los derechos humanos”.
“A principios de este año, Maduro Guerra estaba diseñando una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para que impidieran que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela al caracterizarla como un intento de socavar la democracia de Venezuela”, añade la justificación.
Nicolás Maduro Guerra fue sancionado por los Estados Unidos a pocas horas de otras medidas impuestas contra Luis Alfredo Motta Domínguez, exministro de Energía Eléctrica de Venezuela; y Eustiquio José Lugo Gómez, ex viceministro de Finanzas e Inversiones del régimen.
Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez son considerados culpables de los contantes apagones que acrecentaron la crisis en Venezuela durante los primeros meses de este año.
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“Motta y Lugo otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con (la estatal eléctrica) Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio”, señala la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“En lugar de utilizar sus cargos oficiales para servir al pueblo venezolano, se enriquecieron ilegalmente y contribuyeron a la crisis eléctrica”, dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin.