
Un proyecto habitacional en una de las zonas más pobladas del país entregó recientemente 196 viviendas sustentables a familias de bajos recursos. Lo sorprendente del programa es que ninguno de los beneficiarios tuvo que solicitar créditos bancarios ni cubrir intereses por el valor de las propiedades. Cada departamento, además de ecológico, incluye tecnologías que reducen el consumo de agua y energía, favoreciendo el medio ambiente y aligerando la economía familiar.
La entrega se llevó a cabo en un contexto de creciente preocupación por la gentrificación y la expulsión de residentes históricos de las zonas céntricas. Esta acción gubernamental responde a una necesidad urgente: ofrecer alternativas de vivienda asequible, sin intermediarios financieros, y con un enfoque sustentable que prioriza la equidad y la permanencia comunitaria.
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Las unidades habitacionales se construyeron bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia. Cada departamento mide 62 metros cuadrados y cuenta con dos recámaras, sala comedor, cocina, baño completo y área de servicios. Las viviendas incorporan sistemas como calentadores solares, captadores de agua de lluvia y materiales térmicos que disminuyen el uso de energía eléctrica, lo que se traduce en ahorro directo para los hogares.
El programa innovó en sus reglas de operación. A través del Instituto de Vivienda local, se otorgaron créditos que cubren el 100% del valor de la propiedad sin la necesidad de acudir a instituciones bancarias. El costo estimado de cada inmueble es de 850 mil pesos, monto que los beneficiarios podrán liquidar mediante cuotas mensuales accesibles, sin intereses y sin el pago de excedentes, una práctica común que solía poner en riesgo la estabilidad económica de las familias de menores ingresos.
La zona donde se ubican estas viviendas presenta una larga historia de organización vecinal y lucha por la permanencia. Sin embargo, en años recientes enfrentó presiones inmobiliarias que elevaron el precio del suelo y generaron un desplazamiento silencioso de familias hacia las periferias. El programa busca revertir ese proceso mediante el fortalecimiento del tejido social y el acceso a soluciones habitacionales dentro de las mismas comunidades.
Durante la entrega oficial, la jefa de Gobierno destacó que este tipo de desarrollos permiten a los habitantes continuar su vida en los lugares donde crecieron, estudiaron y trabajan. Subrayó que la política pública de vivienda debe dejar de ser vista como una mercancía y consolidarse como un derecho humano garantizado por el Estado.
El programa no solo representa un alivio para las familias beneficiadas, también sienta las bases para una nueva política habitacional. El enfoque sustentable, la eliminación de intereses y la exclusión de bancos en el financiamiento abren la posibilidad de replicar el modelo en otras entidades del país.
Expertos en urbanismo valoraron positivamente la iniciativa, al considerar que logra una triple función: garantiza el derecho a la vivienda, promueve la permanencia en barrios populares y disminuye la huella ecológica de las construcciones. La participación directa del gobierno en la edificación y el financiamiento permitió reducir costos, eliminar intermediarios y asegurar la calidad de las viviendas entregadas.





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