
La contienda electoral, con más del 90% de actas contabilizadas por la ONPE, perfila, de momento, un escenario de segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y no solo enfrenta candidaturas, sino dos visiones económicas diferentes sobre el rol del Estado, el mercado y el desarrollo productivo del país.
De un lado, el izquierdista plantea un cambio al modelo económico vigente; del otro, la lideresa naranja, que postula por cuarta vez, propone mantener el esquema de economía social de mercado con ajustes orientados a la mejora de la competitividad y reducción de trabas burocráticas a las empresas.
La propuesta de Sanchez apunta directamente al corazón del régimen económico (los artículos 58, 60, 62, 63 y 66), que, según su diagnóstico encorsetan la capacidad del Estado para intervenir en la economía, gestionar recursos naturales y desarrollar empresas públicas. Descarta que planteee “expropiación ni atentado contra la propiedad privada”.
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En particular, el “heredero de Pedro Castillo” cuestiona el artículo 58 de la carta magna por relegar al Estado a un rol meramente orientador, sin capacidad de acción directa en sectores estratégicos; el artículo 60, que subordina la actividad empresarial estatal a una ley expresa; y el artículo 62, al que atribuye blindar los contratos ley incluso cuando resulten lesivos para el interés nacional.
A ello suma la crítica al artículo 63, que equipara la inversión nacional y extranjera, lo que —sostiene— termina colocando a los productores locales en desventaja frente a grandes corporaciones.
Bajo este escenario, Sánchez propone una economía mixta con fuerte presencia estatal, donde los recursos naturales —gas, petróleo, agua, energía y puertos— sean gestionados directamente o bajo alianzas público-privadas, pero con control estatal. Incluso plantea prohibir concesiones que otorguen ventajas a inversionistas extranjeros y renegociar tratados de libre comercio si afectan la soberanía nacional.
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Su plan también plantea cambiar bases del modelo actual, como el respaldo a los contratos-ley y los regímenes tributarios especiales, e incorporar impuestos a las sobreganancias. También apunta a romper con la lógica primario-exportadora mediante industrialización,sustitución de importaciones y la creación de complejos industriales descentralizados.
En el sector agrario, propone un giro hacia la seguridad alimentaria, priorizando el mercado interno con planes nacionales de cultivos, compras estatales a pequeños productores y el fortalecimiento de cooperativas. La meta es que el 50% de agricultores se integre en esquemas asociativos y que sus ingresos se dupliquen mediante acceso a tecnología, riego y financiamiento.
En minería, su propuesta apunta a reordenar la base del sector: transformar la pequeña minería informal a través de cooperativas, recortar los plazos de concesión de 30 a 5 años, recuperar concesiones extinguidas para el Estado y desarrollar “parques mineros” bajo esquemas de copropiedad inicial.
A ello se suma un mayor rol estatal en la comercialización del oro, con el objetivo de asegurar trazabilidad y control de la producción. Como metas, plantea elevar las regalías mineras, aumentar la presión tributaria hasta el 25% del PBI y expandir la participación de la industria en la economía, en línea con su apuesta por un cambio del modelo de desarrollo.
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A contraparte, Keiko Fujimori plantea una estrategia centrada en la formalización masiva, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y la reducción de trabas burocráticas a las empresas. Una de sus propuestas es la implementación de la “Licencia 0”, que eliminaría costos y trámites para abrir un negocio mediante una ventanilla única digital interoperable con entidades como Sunat, Sunarp e Indecopi.
Su plan también incluye la apertura inmediata de negocios con RUC y declaración jurada, la estandarización de inspecciones para reducir discrecionalidad y la prohibición de sanciones duplicadas (como cierre y multa).
Además, plantea formalizar progresivamente el comercio ambulatorio mediante una ley específica que reconozca esta actividad, establezca derechos y defina rutas de transición hacia la formalidad.
En ese marco, propone crear una Comisión de Alto Nivel para el Autoempleo y la Formalización Inclusiva, así como limitar decomisos y desalojos arbitrarios por parte de municipios, priorizando el ordenamiento urbano sin afectar los ingresos de los trabajadores.
En financiamiento, plantea un Fondo para el Crecimiento MYPE, sistemas de crédito para mujeres emprendedoras, capital semilla para jóvenes y fondos de garantía para mercados y talleres. También propone exonerar del Impuesto a la Renta por tres años a jóvenes emprendedores y otorgar créditos tributarios a empresas que contraten practicantes.
Además, incluye la creación de un Servicio Nacional de Defensa Jurídica del Emprendedor para brindar asesoría legal gratuita, así como el fortalecimiento de Compras MyPerú con un presupuesto anual mínimo de S/ 1.000 millones para asegurar demanda a las MYPE.
En el ámbito productivo, impulsa la formación de clústeres (concentración geográfica de empresas) regionales en sectores como textil, calzado, metalmecánica y agroindustria, junto con la modernización de parques industriales . Asimismo, plantea la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales a empresas, orientadas a impulsar la producción industrial de mayor valor agregado, como textiles especializados, metalmecánica, industria farmacéutica y agroindustria.
También plantea un Plan Nacional de Logística MYPE , con el objetivo de que el 70% de estas empresas accedan a comercio electrónico al 2030.
En transporte, Fujimori plantea finalizar megaobras como la nueva carretera central y Longitudinal de la Sierra Tramo 4. En ferrocarriles, busca culminar la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como ejecutar la Línea 3, 4, 5 y 6. Por otro lado, afirma que promoverá la construcción del Tren Bioceánico Perú–Brasil, clave para la integración sudamericana, así como corredores ferroviarios de carga minera y agrícola que conecten con Chancay, Callao, Salaverry e Ilo.
Por último, prevé constuir nuevos aeropuertos regionales en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica y Huancayo.
En materia previsional, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) plantea incrementos directos en pensiones y transferencias: la pensión mínima de la ONP subiría de S/600 a S/800 y la máxima a S/1.100, además de duplicar montos en programas como Pensión 65 y Contigo.
Su propuesta también plantea ajustar las pensiones cada año y otorgar bonos adicionales a poblaciones vulnerables.
En contraste, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) apuesta por una redistribución del creci - miento, con aumento de pensiones y salarios, aunque sin detallar montos previsionales.
En cuanto al sueldo mínimo, plantea elevarlo a no menos de S/2.000 a través de una auditoria social por contratos de concesión.
También plantea que el sueldo a docentes no sea menor a 1 UIT (S/5.500), financiado mediante una reforma tributaria que in - cluye impuestos a sobrega - nancias y grandes fortunas, así como la eliminación de exoneraciones tributarias que son regresivas en favor de las grandes empresas.
Su planteamiento se complementa con un mayor gasto social, incluyendo 50.000 viviendas financiadas por el Banco de la Nación, así como la ampliación de Beca 18 hasta alcanzar 120.000 beneficiarios y programas de inserción laboral juvenil en el sector público.





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