Petroperú: cambios en el directorio apuntan a retirar representación de trabajadores, denuncia frente sindical

El último sábado, Luis Canales Gálvez presentó su renuncia al directorio de Petroperú tras presiones políticas provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), según denunciaron las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP).

Canales había sido designado presidente del directorio de la petrolera estatal el pasado 15 de noviembre, pero fue retirado del cargo apenas 37 días después, el 23 de diciembre, cuando fue reemplazado por Elba Rojas Álvarez de Mares. Para el gremio sindical, su salida confirma la injerencia directa del Poder Ejecutivo en la conducción de la empresa, subordinando su gestión a intereses políticos y financieros.

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La República conoció que el último viernes se realizó una sesión de directorio en la que se evaluó el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que, según especialistas consultados por este diario, abre el camino a un proceso de privatización de Petroperú. En dicha reunión se revisó el plan de reducción de personal contemplado en la disposición.

De acuerdo con fuentes del sector, otro miembro del directorio podría ser removido en las próximas horas por no coincidir con la política de despidos masivos impulsada desde el Gobierno, una medida laboral que ha sido confirmada públicamente por el propio director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

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Los trabajadores advierten que la ofensiva del Gobierno no se detendría en los cambios del directorio. Según el FSTPP, el siguiente objetivo sería el representante de los trabajadores en el directorio, con la finalidad de eliminar toda voz crítica y modificar el estatuto de la empresa, allanando el camino para decisiones que afectarían el empleo, los derechos laborales y el carácter público de Petroperú.

Ministra de Economía tiene licencia en Proinversión

En paralelo, las organizaciones sindicales denunciaron un presunto conflicto de interés que involucra a la titular del Ministerio de Economía, Denisse Miralles. Señalan que la ministra se encuentra actualmente de licencia en Proinversión, entidad a la que retornaría dentro de seis meses, hecho que fue reconocido públicamente por Luis Del Carpio.

En ese contexto, cuestionan que desde el MEF se impulsen decisiones que debilitan a Petroperú y facilitan su transferencia al ámbito de Proinversión.

"(Al culminar su gestión en MEF) podría retornar o mantener su licencia (...) Si en su momento se genera algún conflicto de interés, se tendría que tomar en ese momento la decisión que corresponda", afirmó Del Carpio a RPP sobre la situación de la ministra de Economía, quien goza de licencia en Proinversión, entidad que comandará ahora el destino de la petrolera.

Recordemos que existe un documento en proceso de firmas impulsado por la congresista Heidy Juarez para presentar una moción de censura contra la titular del MEF. También la bancada de Perú Libre anunció la presentación de una moción de censura contra el presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República, José Jerí Oré, a quien responsabiliza políticamente por la aprobación y contenido del Decreto de Urgencia N.º 010-2025. Según el pronunciamiento, la norma encubriría un proceso de privatización de Petroperú y se habría impulsado sin debate público.

Petroperú: Planilla de trabajadores es menos del 5% del presupuesto

La República conoció que en los próximos 30 días se ejecutaría una drástica reducción de personal, que alcanzaría a más de la mitad de la planilla. Petroperú cuenta actualmente con alrededor de 2.600 trabajadores, y la reorganización interna dispuesta por el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 derivaría en el despido de entre 1.500 y 1.800 empleados.

"Es una cifra bastante importante. Hay 30 días habiles para que Petroperú presente este plan de reducción. Proinversión es el gran arquitecto en esta solución con el fin de sanear las finanzas de la empresa", indicó en RPP.

Sin embargo, no existiría una justificación económica de dicha medida. Según los estados financieros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), revisados por este diario para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, el costo anual de la planilla representa menos del 5% de los ingresos totales de la empresa, un dato que pone en duda la efectividad del ajuste laboral como principal medida de saneamiento financiero.

Desde el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) sostienen que los salarios del personal no son comparables con las remuneraciones de altos funcionarios en otras entidades públicas, que incluyen beneficios adicionales y asignaciones superiores, las cuales también se financian con recursos del Estado.

De concretarse el plan, Petroperú quedaría con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones a nivel nacional. Para viabilizar los ceses masivos, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/ 240 millones, destinado a cubrir los compromisos laborales derivados de los despidos.

Fuentes del sector indicaron a La República que asumiría una nueva gerencia general orientada a ejecutar el plan de reducción de personal previsto en el decreto, el cual alcanzaría a todas las unidades de negocio de la empresa.

En un plazo de 60 días, Proinversión deberá presentar un plan de promoción para ejecutar la reorganización de Petroperú.