
Historia repetida. Con 13 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape. De esta forma, el Parlamento mantiene abierta una vez más esta especie de licencia sin caducidad que se ha convertido en un escudo de impunidad para la minería ilegal.
Una vez que esté lista la autógrafa de ley, el presidente José Jerí dispondrá de 15 días hábiles para promulgarla en el diario oficial El Peruano. Por lo pronto, sus declaraciones previas apuntan a una conformidad con la decisión de los congresistas, ya que no se realizaron cambios al dictamen de la Comisión de Energía y Minas y se mantuvieron los aportes del Poder Ejecutivo.
Además de autorizar una prórroga adicional de un año, la norma ordena un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, coordinado por el INEI junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet, así como el sinceramiento obligatorio de ubicación georreferenciada por parte de los titulares y la transferencia del acervo documentario desde los gobiernos regionales al Minem.
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En diálogo con este medio, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, se mostró poco satisfecho con la ratificación del dictamen, pero consideró que representa un alivio de cara al año que viene. No perdió la oportunidad de pedirle al presidente José Jerí que agilice su promulgación esta semana.
"No estamos recontra satisfechos, pero por lo menos estamos aliviados de tener un año más para seguir trabajando. Ahora, le hacemos un llamado al presidente Jerí para que el gobierno se siente a conversar con nosotros y agilice la promulgación de la norma, de modo que podamos regresar a nuestras labores", indicó.
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De igual forma, advirtió que la prórroga de un año adicional otorgado por el Congreso es insuficiente para que se pueda elaborar una nueva Ley Mape. En su opinión, la falta de voluntad política y la incapacidad de las autoridades de Estado provocará que continúe la espiral de extensiones del proceso de formalización minera.
A su turno, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, responsabilizó al Minem de desentenderse de su rol como autoridad del sector para ofrecer alternativas ante el entrampamiento de la Ley Mape. Si bien creó una Mesa Técnica que produjo un documento con 11 aportes, dichos insumos no tuvieron peso en el debate.
"En el último año, la estrategia del Minem fue desatenderse del tema y darle carta libre a la Comisión de Energía y Minas (...). Entonces, sí creo que su actitud ha sido irresponsable, pero además hay que observar algo. Por ejemplo, existen evidencias de puertas giratorias que involucran al personal del Minem con el sector informal", explicó.
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El dictamen que extiende el Reinfo hasta el 2026 recibió los votos de respaldo de los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos, Juntos por el Perú, Somos Perú y la Bancada Socialista, quienes prácticamente repitieron los mismos argumentos para darle luz verde a esta norma que se enmarca en un contexto preelectoral. En el caso de las abstenciones, esta vez vinieron de Perú Libre.
Solo se opusieron Ilich López de Acción Popular, el fujimorista Arturo Alegría, Gladys Echaíz y Karol Paredes de Avanza País, así como Ruth Luque del Bloque Democrático Popular. Precisamente, la legisladora de izquierda cuestionó que se haya excluido del debate a los pueblos indígenas, pese a que este sector es uno de los principales afectados por el avance de la minería informal e ilegal.
"Se ha excluido de manera arbitraria a las poblaciones indígenas, actores que en sus territorios tendrían mucho que decir. Es bien irresponsable el texto que han aprobado porque no hay ninguna cláusula ambiental. No se puede generar una afirmación y seguir justificando frente al grave deterioro ambiental que existe (..) Se ha perdido una gran oportunidad", enfatizó.
Desde la vereda contraria, el congresista Roberto Sánchez reconoció que la ampliación del proceso de formalización pone al descubierto el fracaso de la políticas públicas del país para atender la expansión desenfrenada de la minería artesanal y a pequeña escala. Además de ello, no se ha podido avanzar con la aprobación de la Ley Mape, que sigue durmiendo el sueño de los justos.

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