
La minería ilegal en nuestro país se ha convertido en una de las mayores amenazas para nuestro país. No solo destruye ecosistemas, sino que alimenta redes criminales que controlan territorios y reemplazan al Estado en zonas de frontera. De acuerdo con el ministro del Ambiente (Minam), Miguel Espichán Mariñas, cerca de 270.000 hectáreas han sido dañadas por esta actividad ilícita.
En detalle, uno de los lugares más afectados ha sido la Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Madre de Dios. Y es que esta franja territorial viene siendo invadida por mineros ilegales y bandas del crimen organizado. Si bien se han desarrollado interdicciones y se han otorgado facilidades para que las fuerzas del orden intervengan, la amenaza sigue latente.
"Una de las partes que nos preocupa bastante es la Reserva Nacional Tambopata. Se han desarrollado una serie de interdicciones y nosotros, desde el sector ambiente, a través del Sernanp, brindamos facilidades logísticas dentro de nuestros puestos de vigilancia para que las fuerzas del orden, llámese el Ministerio del Interior, el Ejército y la Marina, puedan desarrollar estas acciones", explicó el titular del Minam a RPP.
En el marco de las labores de interdicción, informó que el sábado 6 de diciembre se dispuso la dotación de equipos en el puesto de control de vigilancia Yarana, localizado a orillas del río Nanay, para fortalecer la gestión de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Este equipamiento incluye un sistema de cámaras, GPS y otros implementos para facilitar el trabajo de los guardaparques, así como el destacamento de la Policía de Medio Ambiente, a fin de controlar el tránsito nocturno de combustible destinado a la minería ilegal.
La decisión del Congreso de aprobar, en primera votación, el dictamen que amplía el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 no fue un tema ajeno para el ministro del Ambiente. En su opinión, se trata de un plazo razonable y prudencial para culminar el proceso de formalización de los más de 31,500 mineros que siguen en carrera.
"Como ya se ha manifestado, a través del Minem, consideramos que el 2026 es un plazo en el cual pueden culminar aquellos procesos de formalización pendientes, pero que no lo han logrado y que tienen una voluntad férrea para ello. Eso no debe significar bajo ningún punto de vista que le demos ropaje legal a la ilegalidad", anotó Espichán.
En otro momento, sostuvo que se necesita combatir la minería ilegal desde el apoyo a las poblaciones locales para que no migren hacia este tipo de actividades ilícitas. Por ejemplo, poner en valor productos del bosque como el camu camu, la castaña, la shiringa y otros es una forma de ofrecerles alternativas económicas. Además, la Dirección General de Economía cuenta con créditos para facilitar el financiamiento de proyectos ecológicos.
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El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García, sostuvo que la solución al problema de la minería ilegal requiere la colaboración conjunta del Estado, mediante sus tres poderes, para corregir las deficiencias del marco legal que complican la lucha contra esta actividad ilícita.
"El problema de la minería ilegal no es solamente un problema del Ejecutivo, es un problema de Estado, por lo que todo el Gobierno, el Legislativo y el Judicial tienen un papel muy importante. La raíz del problema está en el marco legal, que nos dificulta muchísimo luchar contra la minería ilegal y tenemos que cambiarlo”, destacó.
Respecto al texto del dictamen que propone una prórroga del Reinfo hasta fines del 2026, el alto comisionado saludó que el Pleno del Congreso haya impedido la reincorporación de los mineros excluidos por no cumplir los requisitos mínimos, ya que muchos de ellos no declaraban actividad oficial.

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