
El Gobierno aprobó una transferencia de S/17.958.372,00 al Poder Judicial para reforzar la seguridad en sus sedes, mejorar herramientas que aceleran los casos de criminalidad y fortalecer las Unidades de Flagrancia Piloto en Lima Metropolitana y Callao. La medida está contenida en el Decreto Supremo 271-2025-EF, firmado por el presidente José Enrique Jerí Oré y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.
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Los recursos salen de la Reserva de Contingencia del MEF, un fondo incluido en el Presupuesto Público para gastos urgentes o imprevistos. La Ley de Presupuesto 2025 permite usarlo excepcionalmente para acciones contra la delincuencia y el crimen organizado.
El Poder Judicial solicitó los recursos para tres objetivos:
Del total asignado:
En un plazo máximo de cinco días, el Poder Judicial debe emitir una resolución interna para detallar cómo distribuirá este presupuesto. Luego, sus oficinas de presupuesto deberán coordinar con el MEF para registrar correctamente las partidas. La norma también establece que el dinero no puede usarse para fines distintos a los autorizados.

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