La presencia de Perú en la Conferencia de las Partes (COP30), encuentro que reunió a representantes de 197 países con el objetivo de luchar contra el cambio climático y asegurar que el calentamiento global no supere los 1,5 °C, ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones y especialistas ambientales, ante el aumento del 135% en la deforestación y la falta de avances efectivos en la política climática nacional.
Henry Córdova Bran, coordinador de Incidencia Política del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), advirtió que el país no tiene una postura firme ni lidera esfuerzos a nivel regional o global para enfrentar la crisis climática, pese a ser uno de los territorios más vulnerables de la región.
Córdova Bran señaló que el Estado peruano ha asistido a la cumbre climática mostrando resultados oficiales que no se corresponden con lo que realmente ocurre en el terreno. "Se afirma que existe una intención de fortalecer la institucionalidad ambiental y de impulsar acciones frente al cambio climático, pero en el Congreso se aprueban leyes que vulneran los derechos de los pueblos originarios y se debilita la protección de los ecosistemas amazónicos", explicó el representante del Mocicc.
Según el vocero, Perú mantiene los mismos compromisos anunciados en 2020, sin actualizar metas ni reportar claramente los avances en adaptación y mitigación.
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El análisis presupuestal al que tuvo acceso Mocicc muestra que, durante los últimos 10 años, el país destinó menos del 12% de los recursos que necesita para lograr sus compromisos climáticos.
Córdova Bran remarcó que esta limitada inversión se agrava con los retrocesos legislativos y el debilitamiento institucional promovido tanto desde el Congreso como desde el Gobierno, lo cual favorece a actividades legales e ilegales que dañan los bosques amazónicos y otros ecosistemas clave.
En el segundo día de la cumbre, representantes de comunidades indígenas amazónicas irrumpieron en la zona de negociaciones exigiendo inclusión en las discusiones sobre la crisis climática. "Se han roto récords de presencia y lobby empresarial, mientras que la voz de los pueblos originarios, verdaderos guardianes de la Amazonía, sigue relegada", dijo Córdova Bran.
Advirtió, además, que si la tendencia actual no cambia, para 2050 hasta el 47 % de los bosques amazónicos podría estar amenazado por el avance del cambio climático y el extractivismo.
El coordinador del Mocicc solicitó acuerdos claros que garanticen una Amazonía libre de actividades que afecten de forma negativa sus ecosistemas, junto a la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, el respeto a la autonomía de los gobiernos indígenas y el impulso de una política ambiental basada en derechos humanos y justicia climática.
Durante los meses previos a la COP, la organización acompañó "La Ruta de los Pueblos", un proceso participativo nacional con la participación de más de 300 dirigentes sociales de todas las regiones, donde se elaboraron agendas ambientales y propuestas para fortalecer la acción climática desde los territorios. Córdova Bran remarcó que, sin una estructura de financiamiento clara ni planes regionales y locales efectivos, el Estado peruano sigue en deuda frente a la urgencia climática.
La sociedad civil y los pueblos amazónicos exigen compromisos inmediatos y verificables, una demanda que, según el vocero del Mocicc, ha sido ignorada por el Estado en las negociaciones internacionales y en la formulación de las políticas nacionales.

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