
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) designó a la firma JM&V Consultores S.A.C. como liquidadora de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz en proceso de disolución desde agosto de 2023. La medida se formalizó mediante la Resolución SBS N.° 03402-2025, la cual encarga a la consultora privada la conducción del procedimiento de liquidación, en reemplazo de los representantes previamente designados por la propia SBS.
La designación se concretó tras el Concurso Público N.° 001-2025, cuyas bases fueron aprobadas en agosto y cuya buena pro fue otorgada el pasado 9 de setiembre en acto público ante notario. De esta forma, JM&V Consultores asume la responsabilidad de dirigir el proceso, con la misión de garantizar un cierre ordenado y transparente de las operaciones de la Caja Rural Raíz.
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La resolución detalla un abanico de facultades para la firma liquidadora. Entre ellas, se encuentran:
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La consultora también podrá recibir activos en pago, conceder en algunos litigios y ejecutar cualquier otro acto que permita concluir la liquidación de manera eficiente, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley General del Sistema Financiero.
La Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz fue declarada en disolucuón en agosto de 2023, luego de que la SBS determinara que se encontraba incursa en la causal de inviabilidad prevista en el artículo 114 de la Ley General del Sistema Financiero. Según la autoridad, la entidad arrastraba una deficiente gestión de su cartera no minorista —créditos de mayor monto y concentración, usualmente dirigidos a medianas y grandes empresas—, lo que la obligó a constituir provisiones de gran magnitud y a acumular pérdidas en los últimos años, volviendo inviable la continuidad de sus operaciones.
En ese momento se dispuso el inicio del proceso de liquidación, que hasta este año estuvo bajo la conducción de representantes designados directamente por la SBS. Con el encargo a JM&V Consultores, el proceso pasa ahora a manos de una persona jurídica seleccionada mediante concurso, tal como lo establece el artículo 115 de la normativa vigente.
De acuerdo con la resolución, los gastos que demande la liquidación serán cubiertos con los propios recursos de la entidad en disolución. El objetivo es que los acreedores y depositantes cuenten con un procedimiento transparente, que maximice el valor de recuperación de activos y permita cancelar las obligaciones de la Caja en la medida de lo posible.

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