
El uso de tarjetas de crédito, débito y de billeteras digitales se ha vuelto común en Perú, facilitando las compras y permitiendo a los consumidores acceder a productos y servicios de manera más ágil. Sin embargo, muchos se han encontrado con un recargo del 5% al optar por este método de pago, lo que ha generado inquietudes sobre la legalidad de esta práctica. En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) establece normativas claras para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en las transacciones comerciales.
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes sobre el cobro adicional por pagos con tarjeta y las acciones que pueden tomar los consumidores en caso de ilegalidades.
Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, los comercios que aplican un recargo del 5% por pagos con tarjetas de crédito deben informar a los consumidores de manera anticipada. Esta obligación implica que la información sobre el recargo debe ser clara, visible y accesible desde el momento en que el cliente ingresa al establecimiento. No se permite que los compradores se enteren del cargo adicional solo al momento de pagar, ya que esto vulnera sus derechos como consumidores.
“Los consumidores tienen que saber al momento de ingresar al establecimiento comercial que los productos o servicios que vende ese negocio tienen esa diferencia en función al medio de pago”, puntualizó la entidad para Andina.
El artículo 7 del mencionado código establece que, en caso de que un proveedor diferencie el precio del producto o servicio en función del medio de pago, dicha información debe ser comunicada de forma destacada. Si un establecimiento no cumple con esta normativa, los consumidores no están obligados a pagar sumas adicionales, debiendo respetarse el precio fijado por el producto o servicio.
“Los consumidores podrían optar por ir a otros negocios que no les cobren este recargo (por pagar con tarjeta de crédito por sus compras). Por eso es importante (la información), pues es determinante, o podría ser determinante, en sus decisiones de consumo”, añadió el Indecopi.
Indecopi sanciona a las empresas que no cumplan con informar el cargo del 5% por uso de tarjeta. Foto: Autoridad Civil.
Los consumidores tienen el derecho de denunciar el cobro adicional si no han sido informados adecuadamente sobre el recargo por el uso de tarjetas de crédito. En caso de que un establecimiento no proporcione la información necesaria, los clientes pueden solicitar el Libro de Reclamaciones, ya sea en formato físico o virtual, para dejar constancia de la situación. Este registro puede ser utilizado como prueba en caso de que se decida presentar un reclamo ante Indecopi.
Además, si un consumidor no recibe una respuesta satisfactoria en el Libro de Reclamaciones, puede presentar su queja ante Indecopi de forma gratuita y virtual. En este proceso, las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio, lo que permite resolver el asunto de manera amistosa. Si la conciliación no es efectiva, el consumidor tiene la opción de presentar una denuncia ante el Órgano de Procedimiento Sumarísimo o la Comisión de Protección al Consumidor.
“No es que sea requisito (la conciliación, un paso previo a la denuncia), pues puede ser uno u otro, pero se recomienda la conciliación porque en ese espacio los proveedores acceden con los consumidores por un asunto de fidelización a los clientes, entre otros”, detalló.
Indecopi tiene la potestad de sancionar a los negocios que no comuniquen de manera clara y anticipada los cargos adicionales por pagos con tarjeta de crédito. Las sanciones pueden ir desde una simple advertencia hasta multas que alcanzan las 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/2.407.500. Esta normativa tiene como objetivo promover la transparencia en las operaciones comerciales y defender los derechos de los consumidores en el país.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la entidad pública encargada de velar por una competencia justa en los mercados del Perú y de proteger los derechos de los consumidores. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la vigilancia de las prácticas comerciales, el control de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de un consumo consciente, transparente e informado.

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