
En Perú, la prescripción de deudas es una herramienta útil para numerosos deudores, ya que proporciona claridad sobre sus derechos y les ofrece tranquilidad. Este proceso establece el momento en que una obligación tributaria deja de ser exigible, que considera diversos factores relacionados con el incumplimiento.
Este procedimiento establece un marco temporal que brinda a los deudores la oportunidad de analizar su situación económica y tomar decisiones informadas. A continuación, te contamos más detalles sobre los plazos de prescripción de deudas y las consecuencias que se presentan una vez que este período ha finalizado.
En Perú, el Código Civil determina que las deudas bancarias tienen un plazo de prescripción de diez años. Este período resulta crucial, ya que, al finalizar, el acreedor pierde la facultad de reclamar el pago a través de acciones legales. Como resultado, el deudor queda protegido, ya que no podrá ser llevado a juicio por esa obligación en particular.
El plazo de prescripción establece el tiempo límite en el que el acreedor puede reclamar el pago de una deuda. Al transcurrir diez años, la obligación de pago se extingue automáticamente, lo que libera al deudor de cualquier responsabilidad. Tanto el acreedor como el deudor deben estar informados y respetar este plazo, ya que asegura la estabilidad jurídica y previene futuros conflictos legales.
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Transcurridos diez años sin que el acreedor haya iniciado acciones legales, el deudor puede solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. Si la solicitud es aprobada, la deuda se extinguirá de manera legal, lo que exonera al deudor de la obligación de realizar el pago correspondiente.
Es relevante señalar que, aunque la deuda haya sido extinguida, su registro continuará en el historial crediticio del deudor, lo que podría influir en su calificación financiera durante varios años. Además, es crucial tener en cuenta que la prescripción de la deuda es un derecho que corresponde al deudor tras un período específico de inactividad por parte del acreedor.
En Perú, existen tres entidades que están facultadas a realizar embargo de sueldos:
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