
En un proceso de demanda por pensión de alimentos, la determinación del monto a asignar puede resultar compleja, especialmente cuando la persona demandada no cuenta con un empleo fijo. Este tipo de procesos buscan garantizar que los menores reciban asistencia económica adecuada, independientemente de la situación laboral del padre o madre que debe cumplir con la obligación alimentaria.
Según Elsa Puelles, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), existen diversas medidas y procedimientos legales para asegurar el cumplimiento de esta obligación, incluso cuando el demandado carece de ingresos formales. El juez a cargo evalúa la situación del demandado para fijar un porcentaje de retención, tomando en cuenta distintos factores económicos y sociales.
Según la defensora pública Elsa Puelles del Minjus, cuando el demandado no cuenta con ingresos estables, el juez del caso evalúa diversos factores económicos antes de determinar la pensión por alimentos. Entre estos factores se incluyen los ingresos declarados en recibos por honorarios, así como la información recopilada por entidades como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), tanto para trabajadores dependientes como independientes. El objetivo es establecer una cifra justa que permita garantizar el bienestar del menor a pesar de la falta de ingresos fijos.
En situaciones donde el demandado no registra ningún tipo de ingreso, el juez toma como base la Remuneración Mínima Vital (RMV) para calcular el monto de la pensión alimentaria. De esta forma, se busca evitar que la ausencia de ingresos formales sea un obstáculo para el cumplimiento de la obligación alimentaria.
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La Corte Superior de Justicia ofrece una plataforma virtual para la presentación de demandas por pensión alimentaria de manera sencilla y accesible. Para iniciar el trámite, es necesario contar con ciertos documentos obligatorios, como una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante, nombres completos del niño o adolescente, nombres coplentos del padre o madre obligado a ofrecer una pensión alimentaria y el domicilio donde reside o trabaja la persona demanada.
El proceso se lleva a cabo en la plataforma online de la Corte Superior de Justicia correspondiente. Luego de ingresar y completar los formularios requeridos, el sistema permite adjuntar documentos en formato PDF con un límite de 100 MB. Una vez finalizado el registro, el solicitante recibirá una notificación en un plazo máximo de dos días hábiles para continuar con el seguimiento del caso.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con medidas legales destinadas a garantizar el cumplimiento de la pensión alimentaria. Según explicó Elsa Puelles, entre estas opciones se encuentra la posibilidad de solicitar una asignación anticipada, incluso antes de que el proceso haya concluido. Esta medida busca asegurar que el menor reciba asistencia económica desde el inicio del proceso judicial.
Asimismo, Puelles señaló que el hecho de que un demandado se encuentre en un establecimiento penitenciario no impide que sea requerido por pensión alimentaria. La ley establece que el cumplimiento de esta obligación es prioritario y puede ser exigido en cualquier circunstancia, para garantizar los derechos del menor a recibir una asistencia económica justa y oportuna.
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