Extorsiones en Lima: pequeños negocios pierden un promedio de S/3.400 y transportistas S/3.500 diarios

Mientras algunos ministros del gobierno de Dina Boluarte minimizan la inseguridad ciudadana, las denuncias por extorsión continúan en aumento. Según cifras del Ministerio Público, 22.835 casos de este delito se registraron en el 2024 y alrededor de 800 se contabilizan en lo que va del año. Sin lugar a dudas, los más afectados son los pequeños negocios y los transportistas, cuyas pérdidas económicas alcanzan niveles cada vez más preocupantes.

Y es que se ha empezado a normalizar en nuestro país el pago de cupos para trabajar. Por ejemplo, en el mercado Monumental de Puente Piedra, los delincuentes vienen exigiendo a un distribuidor mayorista de tubos de PVC la suma de S/30.000 mensuales. Para evitar alguna represalia en su contra, el comerciante ha dejado de asistir al centro de abastos y entrega la mercadería en otro lugar.

PUEDES VER: En los últimos 3 años se quintuplicaron las denuncias por extorsión

“Él ha dicho que no puede venir porque se siente amenazado. Incluso, su tienda donde distribuye la ha cerrado. Ha cambiado de domicilio, que es donde nosotros vamos a recoger la mercadería. Además, tenemos dos compañeros que trabajan en la venta de máquinas, a quienes les piden S/5.000 o S/6.000.”, contó a este medio Luis Samanamud, vocero del mercado Monumental de Puente Piedra.

Casos de este tipo siguen replicándose en el rubro de los pequeños negocios. De acuerdo con una investigación de Videnza Instituto, el 78% de los emprendimientos con puerta en la calle ubicados en Lima Este, Centro y Sur reportó haber sido víctima de algún tipo de delito. Si nos referimos a los principales problemas de Lima, el 65% de los encuestados identifica que es la inseguridad ciudadana. Le siguen las extorsiones o el cobro de cupos con el 35%.

Esta última actividad delictiva amenaza con mayor recurrencia a bodegas, ferreterías, barberías, minimarkets, puestos de mercado, entre otros. Sus pérdidas económicas por casos de extorsión en los dos últimos años ascienden a un promedio de S/3.400. No obstante, Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto, refiere que existe una dispersión grande ya que hay algunos pequeños negocios que reportaban S/1.000 de afectación y otros montos cercanos a S/7.000.

En total, la inseguridad ciudadana les cuesta a los dueños de los pequeños negocios con puerta a la calle S/456.000 diarios, teniendo en cuenta que, entre los encuestados, el promedio generado por el crimen y la violencia es de S/1.284 por cada uno de estos emprendimientos. Para hacer frente a esta situación, las medidas preventivas más comunes adoptadas por ellos son la instalación de cámaras de seguridad, alarmas, colocación de puertas de fierro y la contratación de vigilancia privada.

“Respecto a las medidas que tienen costos directos, en promedio se gasta alrededor de S/970 en los dos últimos años, pero esto puede ser variable, hasta llegar a montos de S/5.000 de inversión. En cuanto a las medidas de reducción de ventas, disminución de horarios y atender con reja cerrada, algunos negocios dijeron en entrevistas que podrían vender hasta 20% más si atendieran a tiempo completo.”, enfatizó.

PUEDES VER: Ministro del Ambiente afirmó que su condominio era seguro y días después se registra intento de robo en la zona

Transportistas extorsionados en Lima

Ante la incapacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, un sector de transportistas sigue movilizándose a la espera de medidas urgentes. Y es que los casos de extorsiones se mantienen al alza. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), el mecanismo del “falso chalequeo”, una supuesta “protección” que permite a los transportistas evadir operativos de control a cambio de pagos mensuales, implica un costo inicial que varía entre S/30.000 y S/50.000.

A detalle, se calcula que una empresa compuesta por 100 buses paga por vuelta y media de cada unidad S/35, lo que representa un costo diario total de S/3.500 y de S/105.000 mensuales. “Los extorsionadores se han camuflado entre los controladores que ustedes ven tirando datos a los buses mientras circulan su ruta. Cobran entre S/0,30 y S/5 por kilómetro, según la cantidad de unidades que tenga la empresa”, contó el dueño de una empresa de transportes que pidió el anonimato.

De acuerdo con la víctima, la situación comenzó en paralelo al crecimiento de los transportes informales en 2021, puesto que contratan a extranjeros para que les den protección semanalmente. A través de una red de WhatsApp, avisaban de operativos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), y si se veían afectados, estos salen en grupo de hasta 50 personas atacando a los inspectores “con machetes, palos y piedras”.

Ahora bien, de los 90 millones de pasajeros transportados al año, cerca del 15% viaja en unidades ilegales, reportó Ojeda. Se destaca el caso de Huaycán (Ate), donde el precio del pasaje aumentó un 20% debido a su dominio. “En diciembre-enero se han registrado nueve atentados contra 7 empresas formales, lo que evidencia la falta de acción del Ejecutivo”, subrayó el director de la CIT.

Medidas insuficientes contra la inseguridad

La extorsión a los pequeños negocios y a los transportistas es un problema recurrente. Obedece a factores estructurales y a elementos tangibles como la existencia de un mercado ilegal de armas o explosivos que las hace accesibles para cometer estas fechorías. Según Erika Solís, investigadora del IDEHPUCP, las medidas del Ejecutivo para contrarrestar este flagelo no han funcionado, carecen de un enfoque integral y están pensadas para responder a la percepción de la población.

“A corto plazo se está apagando fuegos mediáticos, pero no se está yendo al problema estructural. Se tendría que destinar presupuesto para buscar perfiles idóneos en inteligencia, tanto operativa como policial. Existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el Consejo Nacional de Política Criminal, pero te podría decir que no más de dos veces se han reunido en el 2024. Ya de por sí, se nota una voluntad política deficiente”, indicó.

Para Nicolás Besich, los estados de emergencia son medidas efectistas que evidencian la ausencia de una estrategia de control territorial. Sumado a ello, existe una ineficiencia en la ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior para proyectos de inversión. “Es difícil tener resultados con esos niveles de ejecución del gasto”, anotó.

Desde la CIT solicitan al Estado establecer un fideicomiso para financiar a la policía y fortalecer la seguridad en el sector; segundo, evitar la promulgación de normas que favorezcan al crimen organizado; y tercero, mejorar la gestión de los ministerios de Transportes e Interior para garantizar apoyo al transporte formal.