El congresista Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, figura como autor principal de un proyecto de ley que propone permitir el retiro de los fondos aportados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un monto de hasta cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con el fin de promover la economía nacional.
El fundamento de esta propuesta radica en que la economía peruana aún no ha superado la fase de contracción (situación previa a la pandemia), ya que la inflación respecto al año anterior no ha variado. Esto ha generado como principales retos el aumento del costo de vida, la subida de precios, el incremento de las tarifas de los combustibles y las tarifas de los servicios domésticos y públicos.
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Los coautores del Proyecto de Ley N° 10153/2024-CR para el retiro de hasta S/21.400 son Flavio Cruz Mamani, Isaac Mita Alanoca, María Elizabeth Taipe Coronado, Waldemar José Cerrón Rojas, y Kelly Roxana Portalatino Ávalos.
El documento entre sus fundamentos hace mención al crecimiento de la economía en 2023, afectado por las protestas sociales, anomalías climáticas alta inflación y baja confianza del empresariado para invertir y contratar nuevo personal y/o elevar los niveles salariales. Asimismo, se mencionan los aspectos evidentes de la delincuencia que afectan la economía. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el costo asociado a la inseguridad ciudadana asciende a más de S/35.000 millones.
Por otro lado, precisan factores exógenos que podrían poner al Perú en una situación no deseada como país primario exportador de minerales. Destacan una política fiscal mal enfocada, el alza de precios al consumidor en 2024 —señalando que en julio pasado, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 267 aumentaron de precio— y, finalmente, el incremento de S/3,20 en el precio del balón de gas de 10 kilos en Lima.
En contraste, y de acuerdo con Juan Valera, abogado laboralista, el nuevo proyecto de ley es contradictorio, ya que recientemente se han implementado cambios en la legislación del sistema pensionario con el objetivo de garantizar una pensión digna para los trabajadores. Además, la reglamentación de esta reforma sigue pendiente para este año, lo que hace aún más cuestionable la insistencia en aprobar nuevos retiros.
Asimismo, advirtió que los retiros constantes han llevado a que muchas personas se queden sin fondos de pensión, dejándolas sin respaldo financiero para su jubilación.
"Desde la pandemia hasta la actualidad, se han aprobado múltiples retiros de hasta cuatro UITs, generando un problema a largo plazo para quienes han agotado su fondo y ya no cuentan con un empleo estable", afirmó Valera a La República. "En estos casos, los ciudadanos pueden verse obligados a recurrir al subempleo o a préstamos informales para acceder a efectivo, lo que agrava su situación económica".
Otro punto crítico es que la medida no tiene un impacto significativo en la economía formal. Según el abogado laboralista, el 77% del país es informal, entonces no todos tienen AFP, por lo que la propuesta no dinamizaría la economía de manera efectiva.
La discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional continúa abierta. Mientras el Congreso evalúa esta propuesta, persiste el debate sobre si estos retiros representan una solución inmediata para los ciudadanos o si, en el largo plazo, generan un problema aún mayor para su seguridad económica.