Congreso despide el 2024 con inédito festín tributario: más de S/26.000 millones en juego

En las últimas horas, el Congreso de la República no ha tenido reparos en aprobar — ignorando las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) — regalos tributarios a grandes contribuyentes en detrimento de las alicaídas cuentas fiscales, las cuales dejarían de percibir más de S/26.100 millones.

Una de ellas es la ampliación del impuesto general a las ventas (IGV) reducido de 18% a 8% a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos por hasta tres años, debido a que la ley n.° 31556 que recortaba dicho impuesto tenía vigencia solo hasta fin de año.

Con la venia del Congreso resuelta en primera votación, en 2025 y 2026 la tasa del IGV será de 8%, en 2027 de 12% y recién a partir del 2028 retornará el pago de 18%, como se aplica en las demás actividades económicas. La cartera que lidera el titular del MEF, José Arista, argumentó que en el 2023 esta rebaja implicó un costo fiscal de S/743 millones.

A pesar de este beneficio, los precios en restaurantes subieron más que la inflación de alimentos. Con la autógrafa de ley y en caso de ser refrendada por el régimen Boluarte, el perjuicio fiscal al país ascenderá a S/2.500 millones hacia el 2027.

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Privilegios para evasores

Otra cuestionada medida con auspicio del Parlamento, es la amnistía tributaria que otorga beneficios a grandes contribuyentes que no declararon rentas hasta el 2022. Según el MEF, se condonarían deudas de hasta S/3.600 millones. Como se recuerda, a mitad de año, el Parlamento había aprobado la norma, sin embargo ante la observación del Ejecutivo, el Legislativo la validó por insistencia.

Luis Arias Minaya, exjefe de Sunat, insistió en que la principal preocupación radica en que sea el Poder Legislativo quien maneje la política económica del país y no el MEF. "Esta situación es inédita. Un Congreso que otorga beneficios tributarios como lo está haciendo (el actual) es algo que no ha ocurrido en el pasado", apuntó a La República.

Respecto a la amnistía a personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país, señaló que dicha ley no solo hace más que incentivar al contribuyente moroso otorgándole privilegios. “En cuanto a beneficios, no recuerdo similar situación desde los 80. Estamos hablando de un blanqueo para declarar fondos evadidos y pagar una tasa de renta mucho más baja”, anotó.

En la misma sintonía, Fernando Loayza, docente de Yale y especialista en impuestos, indicó que la amnistía tributaria permite “blanquear” ingresos no declarados. “En vez de exigir el pago los impuestos, multas e intereses correspondientes por evadir impuestos, el Estado amnistiará a los evasores a cambio de un pago reducido”, criticó.

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No solo eso, también les liberará de responsabilidades penales, incluyendo delitos tributarios, contables y aduaneros y lavado de dinero asociado. “En suma, los evasores quedarán absolutamente limpios”, aseveró.

Otra norma aprobada entre gallos y medianoche es la ley marco de las zonas económicas especiales privadas con régimen tributario especial y aduanero. Así, la iniciativa legislativa brinda incentivos por un periodo de 25 años el pago reducido del Impuesto a la Renta (IR) para las empresas. En los cinco primeros años, la tasa será de 0%, luego subirá a 7,5%, hasta llegar al 15% en el último periodo de cinco años.

“No tienen por qué tener tasas de impuesto a la renta de paraíso fiscal. Es un mercantilismo puro y duro”, agregó Arias Minaya.

Respecto a estos beneficios de las zonas económicas, a la interna del Ejecutivo han habido disputas. Desde el MEF se oponen a que la tasa de IR sea de 0%, debido a que implicaría prácticamente un subsidio indirecto a las empresas. Mientras que en la posición de Boluarte Zegarra, existe una promesa pendiente que le hizo a los gremios empresariales en China, tal como lo consignó La República, en el que una vez llegue la norma a su despacho le daría su visto bueno. “La presidenta está de acuerdo con el 0% del impuesto a la renta”, indicó Julio Pérez Alván, presidente de ADEX a este medio.

El Pleno también aprobó, en primera votación, el retorno de la ley de usura bancaria. Con esta decisión se eliminarán los límites establecidos a los intereses dentro del sistema financiero. Por norma, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene prerrogativa de fijar las tasas de interés máximas y mínimas en las operaciones financieras cada seis meses. Desde noviembre hasta abril de 2025, el tope máximo es de 112,98% anual en moneda nacional y 93,86%, en divisa extranjera.

Se viene más farra por ley Chlimper 2.0

● Aunque el Pleno del Congreso no ha sometido a debate la ley Chlimper 2.0, la cual reduce el impuesto a la renta en 15% por 10 años a las agroexportadoras, será la Comisión Permanente la que votará sobre este dictamen, tras recibir facultades para legislar hasta febrero de 2025, gracias al apoyo de ocho bancadas lideradas por el fujimorismo.

● En cálculos del Ministerio de Economía, el costo fiscal de la ley Chlimper 2.0 ascendería hasta los S/20.000 millones durante 10 años. Grandes empresas agroexportadoras como Camposol, Cerro Prieto, Danper y otras más ya vienen gozando de los beneficios.