La Comisión de Economía del Congreso aprobó el último martes 14 de mayo su propuesta para reformar el sistema de pensiones —luego de que hace un mes fracasaran en su afán de anexarla en el Pleno con el nuevo retiro de fondos de las AFP—. La iniciativa, avalada y promovida por el fujimorismo, permite el aporte con compras cotidianas, abre la puerta a nuevos competidores y establece un bono por migrar al modelo privado.
El dictamen establece una pensión por consumo, correspondiente al 1% de la suma de los comprobantes de pago emitidos dentro de un año fiscal. Dicha compra debe valer como máximo S/700, y del consumo total marcan un tope anual de 8 UIT (S/41.200). Bajo este criterio, buscan que todos los peruanos, más allá de si están empleados o no, nutran su fondo con las compras en mercados o establecimientos.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también juega este partido y defiende a capa y espada a sus heraldos. ”No puede ser posible que el 80% de los peruanos esté fuera del sistema de pensiones. Tenemos una propuesta para que 20 millones de peruanos, tengan o no tengan trabajo, puedan tener una pensión”, dijo en X.
Sin embargo, dicha pensión por consumo no beneficiará a los que menos tienen, ya que los peruanos más pobres no compran en mercados formales, recuerda el exjefe de la Sunat Luis Arias Minaya. Si bien se ha colocado un tope anual y se redujo de 12 a 8 UIT, se direcciona la propuesta sin atender la falla estructural: la alta evasión e informalidad. Por ello, avizora un impacto muy reducido.
Por el contrario, a perjuicio de la recaudación del IGV, se va a continuar dotando de recursos a las AFP y las nuevas administradoras privadas, añade Arias Minaya, quien también considera “un error” que se destinen recursos fiscales a personas con capacidad de ahorro.
El texto asegura que la reforma da vida a un sistema previsional universal, solidario y progresivo, pero, de acuerdo con la profesora de Economía e investigadora de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, no tiene nada de solidario y carece de naturaleza integral porque no atiende a la población más vulnerable con los impuestos captados de los más ricos.
Por ejemplo, la pensión mínima, de la cual ya gozan los afiliados a la ONP, sería de S/600 para los afiliados a alguna de las AFP, esto siempre y cuando hayan aportado al menos 20 años. De no alcanzar el fondo acumulado para cubrir los pagos de pensión mínima, lo faltante sería cubierto por el Estado. Los que no alcancen ese criterio pueden recibir una pensión proporcional, pero igual deben tener un piso de 10 años. Se accederá a la pensión mínima siempre que no se haya retirado ni un sol de los fondos.
Para Bernal, si bien el que exista un piso de seguridad social en una pensión contributiva es lo ideal, esta pensión mínima se debería diseñar en una reforma integral y no en un esquema caótico. “Integremos los dos sistemas, tengamos un nuevo sistema de pilares y en donde no haya un sistema privado y un sistema nacional de pensiones, sino un solo sistema, diseñemos una buena pensión mínima en función de los años contribuidos”, sostiene.
Otro de los cambios que introduce el dictamen es el aporte obligatorio de los trabajadores que perciban ingresos de rentas de cuarta o quinta categoría con una retención desde el 2% en el primer año, hasta llegar, de forma gradual, al 5% con el objetivo de que todos puedan recibir una pensión.
Álvaro Vidal, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP, no lo considera viable porque el nivel de los ingresos de los independientes es más bajo que el de los dependientes; y como mencionó Arias Minaya, la cargada presencia de informales —casi el 90% de las mypes, según Sunat— dificulta la tarea.
Vidal argumenta que la reforma de la Comisión de Economía “básicamente les tira un salvavidas a las AFP con cargo a incrementar los costos no solo a los trabajadores dependientes, sino también a los independientes”. En tanto, Bernal reconoce que, si bien los independientes totalizan un grupo de hasta 100.000 personas, es un buen síntoma que comiencen a cotizar para sus pensiones e incluso ve prudente que la tasa gradualmente iguale el 13% de los asalariados formales.
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También se da marcha blanca a la creación de cuentas nocionales en la ONP para que cada jubilado tenga una pensión conforme a sus aportes. En 2030, como máximo, debería concretarse. Según el dictamen, se aplicaría una fórmula actuarial con los pagos del trabajador y la esperanza de vida restante a la hora de jubilarse.
Según el laboralista Fernando Cuadros Luque, se puede interpretar como la conversión de una AFP pública y estaríamos alejándonos de los principios de seguridad social al acabar con el esquema de fondo común de la ONP.
Asimismo, plantean la entrega de un bono de reconocimiento en caso de que un afiliado decida migrar de la ONP a la AFP. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avizora un costo fiscal de S/581 millones solo durante el primer año de vigencia de esta medida, ya que debilitaría el ya golpeado sistema nacional de pensiones.
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Cuadros advierte que implementar un nuevo bono de reconocimiento es “un sinsentido” que haría desaparecer a la ONP; en tanto, Vidal señala que se pone en riesgo el pago de pensiones a más de medio millón de adultos mayores del modelo nacional y agrandaría el universo de afiliados en las AFP.
Enfoque. Javier Olivera, profesor del Departamento de Economía de la PUCP
Esta propuesta no va a arreglar nada y va a empeorar la recaudación tributaria. Con la pensión por consumo, descontarán 1% del IGV y se ayudará solo a los que sí pueden realizar compras formales. No llega a los alimentos de la canasta de los más pobres. Aparte, no mencionan cuánto cobrarán por administrar los ahorros. El dinero, en vez de ir a Sunat y gastarlo en servicios públicos, irá a una AFP o compañía que ganará por administrarlo. No veo por ningún lado algo de seguridad social.
Se está prolongando el sistema de las AFP. Sigue habiendo un sistema nacional y uno privado por su lado. Es peor incluso porque la gente podrá mudarse al privado y, al final, el sistema público se quedará sin gente para sostenerse y el Gobierno tendrá que gastar más para financiar esas pensiones.
Se debería haber apostado por mejorar la pensión no contributiva en programas como Pensión 65 y tener una pensión universal básica para todos. No es que haya mucha capacidad de ahorro en un país donde la tercera parte de la población es pobre. Por eso, creo que la pensión debe venir de distintas fuentes de financiamiento y dependiendo de la capacidad de ahorro de las personas. En el caso de las cuentas nocionales, estas no deberían limitarse solo al régimen público en general. Como lo están proponiendo ahora, no es útil.
Solo he leído un par de opiniones a favor: de las AFP y del grupo fujimorista. Por ahí hay que sacar la línea. Cualquier tipo de reforma que salga con el Congreso de hoy seguramente no será buena.
Noelia Bernal, profesora de Economía e investigadora de la Universidad del Pacífico
“No estamos yendo hacia un sistema integrado o multipilar. Y no es solidario porque la solidaridad significa atender a los más vulnerables con recursos de impuestos de los más ricos, y eso no se ve aquí”.
Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat
“Keiko y Fuerza Popular venden la idea como si fuera a beneficiar a 20 millones de peruanos, pero eso es falso. Tendrá un impacto marginal. Los más pobres no compran en mercados formales”.
Por resultado. Los afiliados podrían elegir entre una comisión por saldo o por productividad. Se sujetarán a licitación periódica cada dos años.
Competencia. Bancos, cajas, financieras y aseguradoras podrán administrar los fondos.
140 años tendríamos que vivir para que “alcance” una pensión, según Julio Velarde, presidente del BCRP.
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El texto fujimorista no involucra a los empleadores en el aporte mensual para la jubilación, hecho que contraviene al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda que el costo no sea de más del 50% para los trabajadores. A pesar de que el dictamen fija cuatro pilares (ver infografía), todo queda en manos del Estado y del trabajador. “En el Perú no se cumple (lo que indica OIT) y con este dictamen peor aún”, dijo Álvaro Vidal.
Así, los dependientes continuarán aportando una tasa no menor del 13% en la ONP, y en las AFP el 10% de su remuneración destinada a su cuenta más el porcentaje para financiar las prestaciones de invalidez o gastos de sepelio junto con su comisión habitual.
Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, considera que la reforma de la Comisión de Economía va en la dirección correcta —salvo por el séptimo retiro de ahorros—, aunque, en más de una ocasión, reconoció que “no vieron el nivel de la pensión que tiene el ciudadano” y que se equivocaron al no equilibrar las comisiones que cobran por manejar el dinero con las necesidades de los afiliados.
Aquí, Arias Minaya alega que las AFP no han brindado un buen servicio y nunca ajustaron sus comisiones a la rentabilidad de los aportantes, a tal punto que debe cambiarse para dar pensiones razonables y ampliar su cobertura.