Poder Ejecutivo observó la nueva ley del teletrabajo
Norma aprobada por el Congreso generaría prácticas arbitrarias en contra del teletrabajador y atenta contra la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público.
El Poder Ejecutivo observó la nueva ley del teletrabajo aprobada en el Congreso de la República a inicios de junio.
Esta normativa — que vio la luz verde por mayoría — busca reemplazar la Ley 30036 y al DU 026-2020 emitida durante la pandemia; no obstante, según el documento con la firma del presidente Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres, asegura que contraviene a los intereses de los teletrabajadores e incluso contra el Tesoro Público.
Un punto clave en la normativa congresal era la modificación — para las empresas privadas — en el suministro o compensación de herramientas para las tareas en el teletrabajo, así como los gastos y costos de luz e internet, estableciendo ahora que todo iba a depender de un acuerdo mutuo salvo pacto contrario.
En esa línea, el Ejecutivo sostiene que el término “salvo pacto en contrario” deja abierta la posibilidad de que sea el trabajador quien compre o emplee sus propios equipos asumiendo él los gastos, con lo cual se da ventana de oportunidad para prácticas arbitrarias perjudiciales para la mano de obra.
Asimismo, desde Palacio sostienen que el dictamen vulnera la reglas para la estabilidad presupuestaria ya que dispone que la administración pública provea o asuma los costos de servicios de acceso a internet en sus teletrabajadores dependiendo de su estabilidad financiera; así como la creación de plataformas digitales desde la Secretaría de Gobierno, Transformación digital de la PCM en sociedad con Servir para administrar el teletrabajo en este sector ligado al Poder Ejecutivo.
Bajo estos supuestos no se incluye el análisis de su financiamiento y sostenibilidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Por otro lado, sostiene el Ejecutivo que hay contradicciones respecto a la voluntariedad del teletrabajo dado que en algunos numerales, predomina la voluntad del empleador y no el consenso para asumir esta modalidad de trabajo. “Se observa que la autógrafa presenta contradicciones por lo que se debe uniformizar, privilegiando el consenso de las partes en la aplicación del teletrabajo”, reza el documento.