La Contraloría General de la República informó que un total de 4.723 beneficiarios del Segundo Bono Familiar Universal recibieron un monto mayor que los S/ 760 que se destinaba el gobierno para frenar los embates de la COVID-19 durante 2020.
A detalle, los usuarios recibieron S/ 9.920 cada uno, y de ese grupo, 284 retiraron cantidades superiores a los S/ 760, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 579.180.
Según la Contraloría, el hecho se dio por el procesamiento erróneo del padrón de beneficiarios en el sistema para el pago del BFU mediante banca celular, el cual estuvo a cargo de un profesional locador de servicios, quien ejecutó de forma manual la actividad “Asignar el valor de 760 al campo importe del padrón de beneficiarios” debido a que el software (Control M) para la carga automática de datos, no estaba configurado.
El error en la carga de la información en el sistema, que se hizo de forma parcialmente manual, no fue supervisado por las instancias correspondientes del Banco de la Nación, lo que conllevó a que el 5 de diciembre de 2020 se abone la cifra ya mencionada para ese puñado de beneficiarios.
La Contraloría evidenció que durante la carga manual de las nóminas se efectuó un corrimiento del dato del importe económico que estaba definido por caracteres, lo que originó que los sistemas interpretaran que el abono sea de S/ 9.920. Por este caso, se identificó la presunta responsabilidad civil y administrativa de siete personas (cinco exfuncionarios y dos funcionarios del BN).
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El hecho irregular - prosiguen - se dio porque las Gerencias de Operaciones y de Informática del BN no identificaron el nivel de exposición, controles y riesgo del proyecto Pago Bono COVID por Banca Celular, que correspondía analizar ante un cambio de modelo de negocio y la alerta dada respecto a la nueva forma de pago de subsidios dirigidos a trabajadores independientes.
“Así, antes de la emisión del bono, ninguna de esas instancias tomó en consideración el informe de la Gerencia de Riesgos de la entidad bancaria, de marzo de 2020, que identificó en el proyecto riesgo de errores en la carga de datos de los beneficiarios para la emisión masiva de giros, relacionados al N° de DNI, número de celular y operador telefónico, por lo que sugirió acciones de mitigación”, explican en un comunicado.
La Contraloría precisa que la Gerencia de Operaciones dio luz verde a la directiva para el pago de bonos sin contemplar controles que mitiguen los riesgos identificados, por lo cual no se coordinaron acciones con la Gerencia de Informática para prever errores en la carga de datos de pago.
Finalmente, resaltan que no estaba definido la instancia encargada de validar la información y la forma de coordinación entre entidades involucradas, así como los procedimientos y responsables de carga y su posterior validación. Ello recién se hizo hasta el 3 de marzo de este año, luego del incidente del 5 de diciembre de 2020.