Tal como lo adelantó el premier Guido Bellido, ayer se acordó en el Consejo de Ministros presentar un recurso de desistimiento sobre las demandas de inconstitucionalidad—interpuestas por la gestión del expresidente Francisco Sagasti—sobre las leyes N°31131 y N° 31188, las cuales eliminan los Contratos de Administración por Servicios (CAS) y regulan la negociación colectiva en el sector público, respectivamente.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), Aníbal Torres, señaló que si bien el artículo 104 del Código Procesal Constitucional precisa que toda demanda inconstitucional interpuesta solo puede terminar mediante sentencia, el actual Gobierno quiere expresar que está a favor de ambas leyes que fueron aprobadas por insistencia por el anterior Parlamento.
“Considerando que todos los trabajadores que realizan la misma actividad deben tener los mismos derechos laborales; el actual Gobierno está de acuerdo con ambas leyes y no desea que se declare la inconstitucionalidad”, manifestó anoche el ministro Torres en conferencia de prensa.
En tal sentido, el titular de Justicia indicó que el Gobierno no desea que se dejen sin efecto ambas normas.
A detalle, Torres dijo que la ley que elimina los CAS establece que a los trabajadores del sector público se les debe pasar progresivamente al régimen laboral al cual pertenece la entidad y en función del presupuesto público del Estado.
Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, manifestó que el Ejecutivo ya se encuentra trabajando en la elaboración de los reglamentos de ambas normas.
“Si el Tribunal considera que es constitucional la ley que ampara estos derechos a los CAS, para pasar a regímenes como 276 o 728, nosotros ya estamos elaborando el reglamento que le permita a este sector laboral ganar los derechos que nunca se debieron perder”, puntualizó el funcionario.
Los trabajadores ya contarán con bonificaciones, seguro y escala de ascenso. Foto: archivo La República
Tal como lo expresó el ministro Torres, a pesar de presentar el recurso de desestimiento a las demandas señaladas, el TC continuará con el proceso.
El magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña agregó que esta acción es un gesto, sin embargo, la institución evaluará la norma como corresponde. No obstante, adelantó que lo delicado del tema es que la sentencia podría tomar un tiempo.
“[El caso del CAS] es probablemente el más delicado conjuntamente con el de la cuarta legislatura”, anotó el magistrado al canal estatal.
En tanto, el TC programó para el próximo miércoles 6 de octubre la audiencia pública remota en la que se analizará la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No 31131, la cual elimina de forma progresiva el régimen CAS.
Los abogados de ambas partes (Ejecutivo y Legislativo) podrán intervenir en la audiencia.
Traspaso. El reto planteado por el Ejecutivo es que se vaya a un régimen general.
Impacto. El número de trabajadores CAS en el Estado asciende a 286.000 personas. Estos tendrían que pasar al régimen laboral 276 o 728.
Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del TC
“El retiro es un gesto. Nosotros vamos a tener que seguir con el caso. No habrá parte demandante, no habrá parte demandada a defenderse y, bueno, evaluaremos la norma que corresponde”.