El Poder Ejecutivo decidió observar la autógrafa de ley que faculta al Banco de la Nación a realizar operaciones operaciones y servicios de banca múltiple para personas naturales (créditos de consumo, depósitos de ahorro, entre otros).
Lo que buscaba el Parlamento con esta iniciativa era promover la competencia bancaria y la inclusión financiera.
El Ejecutivo sustentó que la propuesta estaría contraviniendo el principio subsidiario del Estado al proponer que el banco compita en el mercado financiero con la banca múltiple empleando todos los servicios financieros asociados a estos.
“El Estado interviene en la economía apoyando a las empresas privadas, pero no compitiendo con ellas. Cabe mencionar que el Estado solo puede convertirse en un agente más de la economía en casos excepcionales”, sostiene el Ejecutivo.
Asimismo, el Gobierno precisó que al disponerse al Banco de la Nación a otorgar los mismos servicios financieros que el sector privado en zonas donde no sea única oferta bancaria, implicaría que se incremente el riesgo de pérdidas de los recursos que administra.
La iniciativa legislativa también excluía al Banco de la Nación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Además, el 50% de la utilidad obtenida por la entidad sería administrado por el propio banco y utilizado para su reinversión, crecimiento y expansión. Mientras que el saldo sería destinado al tesoro público.
Asimismo, también facultaba al Banco de la Nación para habilitar agentes corresponsales con sus respetivas billeteras electrónicas en cada municipalidad de provincia, distrito, centros poblados y anexos, donde no tuviera presencia para brindar servicios transaccionales a la población.
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