Fiscalía investiga la distorsión de precios de la energía eléctrica
En la mira. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y del Comité de Operación del Sistema Interconectado habrían favorecido millonario perjuicio a Electroperú y jubilados.
A pocos días de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) cumpla con emitir una nueva normativa legal para fijar el precio de la energía eléctrica, la fiscalía notificó que ha decidido investigar un probable desfalco en perjuicio de Electroperú.
En setiembre del 2020, la Corte Suprema declaró inconstitucional el Decreto Supremo 043-2017-EM, luego de detectar que esta norma permitía que las principales empresas generadoras termoeléctricas declararan costos falsos de producción, distorsionando el precio de la energía eléctrica en el país.
Esto permitió que empresas como Kallpa, Engie y Enel obtuvieran el control del mercado con millonarias ganancias comprando energía al precio que ellos imponían, para luego venderlo en el mercado de corto plazo, a las 1.400 empresas más grandes del país.
Para las termoeléctricas, este es un buen negocio, pero generaba un millonario perjuicio a Electroperú y sus accionistas, entre los que se encuentran los jubilados del país.
El precio de la energía eléctrica en el Perú, la que se cobra a los hogares, es de 53 dólares el kWh, pero las generadoras termoeléctricas han estado vendiendo en el mercado libre hasta por US$ 25 el MWh.
Así, entre el 2017 y 2019, Electroperú dejó de percibir utilidades por 479 millones de soles, que afectaron el Fondo Consolidado de Reservas, lo que significa menos dinero para los jubilados del Perú. Con el precio que imponen las termoeléctricas, Electroperú no cubre sus gastos de producción.
Investigados
De acuerdo con una notificación remitida al Minem, la Segunda Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 22 de marzo del 2021, inició una investigación al viceministro de Electricidad, Miguel Juan Révolo Acevedo, y al presidente del directorio del COES, José Miguel Oporto Vargas, por presunto delito de malversación de fondos en agravio del Estado.
La fiscalía decidió actuar atendiendo una denuncia de la Federación de Jubilados y Fonavistas del Perú. Los jubilados sostienen que la distorsión de precios fue permitida por funcionarios del Minem y el COES.
Este esquema habría operado desde el 2011, pero pese a las advertencias sobre el perjuicio que ocasionaba a Electroperú y los jubilados, nada se hizo por encontrar una solución, hasta que la Corte Suprema declaró inconstitucional el DS 043-2017-EM.
Pese a todo, en el Gobierno hay resistencia a emitir uno nuevo por temor a perjudicar el negocio de las termoeléctricas, sin importar lo que pase con Electroperú, los jubilados y los 7,5 millones de clientes en hogares, pymes y mypes.
En cumplimiento de la sentencia judicial, Osinergmin ya emitió un proyecto de nueva norma para fijar los precios de la energía eléctrica, en el que las generadoras termoeléctricas deberán declarar los precios reales del gas y su transporte.
Osinergmin está recibiendo comentarios al proyecto y este viernes 30 de abril debe aprobar el texto final. Desde el MEF han surgido nuevas voces pretendiendo desacatar la sentencia de la Corte Suprema, lo que también puede generar una nueva intervención de la fiscalía.
Los investigados
La notificación que la fiscalía anticorrupción remitió al despacho del ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado.
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