Ejecutivo busca que sector privado ejecute obra pública

El Ejecutivo presentó ayer su proyecto de ley en el cual pide al Congreso de la República facultades legislativas en el marco del estado de emergencia. El pedido abarca algunas medidas en materia económica para mitigar el impacto que generaría el COVID-19 en nuestro país.

Uno de los puntos que menciona el documento está relacionado con la inversión pública, en el cual solicita facultades para “acelerar y optimizar la ejecución de inversiones a través de promover la participación (contratada) del sector privado en la ejecución de proyectos de inversión pública”.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según señala la iniciativa, dicha medida evitaría los costos administrativos de procesos, además se eliminaría el incentivo a ampliaciones de plazo, lo cual podría emplearse en contratos modernos que incentiven el cumplimiento, y con ello se ayudaría a generar un mercado privado de servicios que impactarían positivamente en la economía.

Según el economista Armando Mendoza, el modelo que propone el Gobierno es similar a la ejecución de Convenios de Administración de Recursos, lo que significa que se encarga un proyecto a una empresa privada y debe entregarla al Estado ya funcionando.

“Mucho va a depender de los detalles, es decir, cuáles son los proyectos que se van a otorgar, cómo será la selección (de la empresa privada), los montos y cómo será el procedimiento de fiscalización”, aseveró.

El economista también agregó que si bien es cierto es una propuesta interesante, preocupa cómo se va a desarrollar, debido a las malas experiencias que se ha tenido antes con otros modelos de ejecución de obra pública.

Empleo

Con más del 50% de la economía paralizada producto de la emergencia nacional, el Ejecutivo prevé que la perdida de empleo será de más 1 millón 70 mil trabajadores de micro y pequeñas empresas (mypes).

Para el exministro de Trabajo Christian Sánchez, dicha cifra quedará corta luego que se termine el aislamiento obligatorio, debido a que no se está protegiendo a la persona.

El también abogado y profesor de la Universidad Católica saludó las medidas anunciadas por el Ejecutivo, pero sugirió que se dicten medidas complementarias para salvaguardar a los trabajadores que están en una situación vulnerable, que no están recibiendo ingresos actualmente.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, el Ejecutivo debe dictar medidas que garanticen la permanencia del empleo pero focalizadas en los segmentos que verdaderemente lo necesiten, como son las mypes.

“Lo que tiene que hacerse es proteger el empleo, y eso se logra fiscalizando que se cumpla el trabajo remoto, así como la licencia con goce de haber. También se deben dar medidas económicas en favor de las empresas”, agregó Cuadros.

Proyección optimista

El documento también detalla el impacto económico que generará el coronavirus en nuestro país. A raíz de ello, el Ejecutivo redujo su estimado de 4% a 2% para este año.

“Tener un crecimiento de estas dimensiones implica pérdidas en términos de inversión y consumo a nivel urbano”, señala el proyecto.

Mendoza, por su parte, indica que esta cifra es “muy optimista”, ya que el PBI será negativo.

Piden compensación especial para obreros

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que excluya a los trabajadores obreros del decreto de urgencia que autoriza a los empleadores otorgar licencia con goce de haber durante el estado de emergencia.

Según indica el documento firmado por el presidente del Consejo Directivo de Capeco, Humberto Martínez, dicha obligación no puede ser aplicable a la actividad constructora, ya que “no se puede proceder a la compensación de horas de trabajo debido a las condiciones y plazos en que se ejecutan los procesos productivos dentro de las obras de construcción”.

Capeco estima más S/ 150 millones en retribuciones quincenales de los más de 100 mil obreros que trabajan en obras formales de construcción civil.

Ante ello, sugiere que se otorgue una compensación especial a los trabajadores de construcción civil, con cargo a recursos del Estado gestionados por EsSalud.

Se plantea además que el Estado reembolse a las empresas constructoras que hubieran efectuado pagos a cuenta por ese concepto.