Estatales 276 podrán solicitar nombramiento

El personal contratado por servicios personales para labores de naturaleza permanente en el sector público, bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, podrá solicitar su nombramiento hasta julio de este año, cumpliendo diversos criterios.

Así quedó establecido en los lineamientos publicados recientemente por la Autoridad de Servicio Civil (Servir), según lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 016.

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En ese sentido, podrán solicitar el nombramiento aquellos contratados por un periodo no menor de tres años consecutivos o cuatro años alternados al 31 de diciembre del 2019; y que cumplan con el perfil del puesto y los requisitos propios de la plaza orgánica en la que solicita ser nombrado.

Esto permitirá que "los trabajadores irregularmente contratados por recibos por honorarios puedan entrar, mediante concurso, a la planilla del Estado y tener sus derechos laborales", explicó el laboralista Ricardo Herrera.

Lo anterior se da en un contexto en el que una Sala Laboral de la Corte Superior de Lima diera luz verde −a través de un fallo− a la contratación de servidores por reposición sin necesidad de concurso público, como sí lo establecía el Decreto de Urgencia 016.

Inconstitucionalidad

El juez Superior Yangali Iparraguirre, de la Octava Sala Laboral, declaró en un fallo publicado hace unos días la inconstitucionalidad del art. 3 del DU 016, por "vulnerar diversos derechos fundamentales", pues condiciona el vínculo laboral de un trabajador a un concurso público.

Para Herrera, esta sentencia podría declararse nula, ya que la Sala no elevó la consulta a la Corte Suprema. Asimismo, indicó que el fallo afecta el ordenamiento de planilla del Estado. "Lo que debería hacer el gobierno es relanzar los concursos públicos, que siempre ha habido en el papel pero no se aplican, y así evitar que entren personas por la puerta falsa", sostiene.

Cabe recordar que la Comisión Permanente del Congreso también recomendó derogar dicha norma.

El Dato

El exviceministro de Empleo Fernando Cuadros defendió la decisión de la Sala Laboral, que analizó una parte de la norma y declaró su inconstitucionalidad.