Liubomir Fernández
Pobladores de la urbanización Cancollani, en la ciudad de Juliaca, iniciaron medidas para lograr la nulidad de las resoluciones municipales que permitieron que dicha urbanización pase a manos de la directiva presidida por Justo Álvarez Sánchez.
Se trata de las resoluciones N.° 655-2018 y N.° 687-2018 de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad de San Román con fechas del 15 de noviembre y el 3 de diciembre del año pasado, respectivamente. Las rubricó Oliver Mestas Apaza, entonces gerente de esa área.
La primera aprueba “la actualización del plano perimétrico y lotización” de Cancollani. Asimismo, la segunda cambia la parte resolutiva de la primera resolución y “modifica la habilitación urbana”.
Ambos documentos se hicieron con el nuevo plano de lotización de Cancollani, elaborado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) de Puno. Cuestionan que el mapa se hizo con deficiencias. Varios lotes fueron integrados en uno solo y se registraron a nombre de una sola persona. También se incorporó el área pública para construir. Varios propietarios de inmuebles, ante la Sunarp, no tienen nada, todo pasó a nombre de la urbanización de Justo Álvarez.
Las anomalías se dieron en la administración de Ruso Américo Núñez Miraval, exjefe de Cofopri. Justo Álvarez y Ruso Américo están procesados hace varios años por estafa. Decenas de vecinos acordaron ayer iniciar acciones para revocar esas resoluciones.
Arístides Choquehuanca, uno de los afectados, dijo que, detrás de la formalización, hay una mano negra que busca hacerse de terrenos ilegalmente. Andres Sosa, otro afectado, indicó que paralelamente quejarán a Walter Rurik Rodríguez de la Riva, actual jefe del Cofopri, porque no toma acciones contra su antecesor. Dijo que su pasividad llama la atención.